Unidas Podemos propone limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica

Unidas Podemos eleva la presión sobre el ala socialista y mayoritaria del Gobierno para atajar la escalada del precio de la luz. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el responsable de Consumo, Alberto Garzón, han enviado un plan a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que concretan su propuesta de limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica con el objetivo de atajar unos costes mayoristas de la electricidad en máximos históricos. Fuentes de Unidas Podemos han defendido que esta medida se podría poner en marcha de manera inmediata a través de un Real Decreto-Ley y que supondría un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros para los ciudadanos.

En las últimas semanas, la formación morada ha presionado repetidamente a Ribera para que tome medidas, con declaraciones públicas y el envío de cartas, entre otras medidas. "Quien diga que hay alguna medida que nos pueda permitir cambiar las cosas de un día para otro, con una publicación en el BOE de algo mágico, o bien no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata", les llegó a espetar la vicepresidenta hace unos días.

Pese a ello, los ministros morados le han presentado una propuesta que, han defendido, se podría aprobar "con carácter inmediato" pese a su "carácter estructural". "A pesar del esfuerzo para transformar el mercado eléctrico y así acabar con los récords de la luz, el Gobierno debe ser consciente de que tenemos que hacer más", ha sentenciado Belarra en un mensaje publicado en Twitter. En la misma línea, Garzón ha asegurado que "establecer límites a los precios de la energía nuclear e hidroeléctrica ayudaría también a este necesario objetivo".

Transición Ecológica, por su parte, ha destacado que no está claro que la propuesta tenga cabida en la regulación europea, en contra de lo afirmado por Unidas Podemos. "Este ministerio agradece todas las sugerencias y las estudia con el máximo respeto, como hará con la propuesta remitida por los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Consumo. El Gobierno viene trabajando desde junio de 2018, dando prioridad a los consumidores y respetando el marco jurídico comunitario. La citada propuesta adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria, por lo que evaluaremos su viabilidad con las máximas garantías", ha apuntado.

¿Qué proponen?

La propuesta que los morados han hecho llegar a Ribera consta de dos partes. Por un lado, sostienen que es necesario establecer "un precio fijo para la energía nuclear", como afirman que ya existe en Francia. Según explican, las comercializadoras podrían adquirir la electricidad generada mediante esa fuente a ese precio de referencia, que quedaría protegido frente a las subidas de otras tecnologías más caras, como el gas. En la actualidad, toda la energía producida por las diferentes tecnologías necesarias para cubrir la demanda en un momento determinado se paga al coste de la fuente que es más costosa de producir en dicho momento.

La segunda pata de la medida es establecer también un "máximo" para la energía hidroeléctrica. En este sentido, los morados argumentan que otras energías renovables ya funcionan según este sistema en España. Al igual que apuntan con la nuclear, sostienen que, de esta forma, aunque el precio del gas sea muy elevado, no encarecería el de las energías más baratas, lo que abarataría el precio medio del mercado mayorista.

Auditoría de la CNMC

Fuentes de Unidas Podemos han explicado que su propuesta incluye que el precio de ambas energías sea fijado mediante una auditoría de los "costes de generación" que llevaría a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es decir, el precio de la energía generada se establecería en función del análisis del organismo regulador sobre cuál ha sido el coste concreto de su obtención y no de cuál es la energía más cara de producir. Todo ello, han argumentado las fuentes, "no deja margen al oligopolio" para trasladar los mayores precios a la factura final de los consumidores, lo que reduciría de forma directa el precio final regulado de la luz, pero también de forma indirecta el del mercado liberalizado porque las empresas no querrían perder clientes.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido que su fórmula para rebajar el recibo pasa por "quitar los costes no energéticos de la factura" y por destinar a este fin los 3.300 millones de euros adicionales que ingresará el Estado vía impuestos por el encarecimiento de la electricidad y lo que obtenga por los derechos de emisión de CO2. "No se puede hacer caja a costa de que los trabajadores y clases medias no lleguen a fin de mes. Es posible reducir la factura de la luz sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos", ha abundado el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto.