Anteproyecto de ley

Las start-ups tributarán a un tipo reducido del 15% durante cuatro años

El pago con acciones de estas empresas a sus empleados estará exento hasta 45.000 euros

El Gobierno prevé un visado especial y estímulos fiscales para los 'nómadas digitales' que elijan trabajar en España

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 6 de julio.

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 6 de julio. / A. Pérez Meca / Europa Press / Pool

Rosa María Sánchez

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Las empresas start-ups tributarán bajo un tipo reducido en el impuesto de sociedades del 15% (en lugar del tipo general del 25%), según el anteproyecto de ley de 'start-ups' aprobado este martes por el Consejo de Ministros que, a partir de ahora inicia un proceso de audiencia pública.

Según explicó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes define como 'start-up' a una empresa de base tecnológica; con sede social y más de la mitad del empleo con contrato en España; con una edad inferior a cinco años (siete, en el caso de los sectores de biotecnología, tecnología e industrial); que no cotice en bolsa; que no haya repartido dividendos y con una facturación inferior a cinco millones de euros al año.

Estas empresas podrán tributar bajo un tipo reducido del 15% en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes (cuatro ejercicios en total). Además, el anteproyecto incluye otros incentivos fiscales, como un sistema especial de aplazamiento de deudas tributarias, en el primer ejercicio en el que la base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.

Asimismo, se eleva el importe de la exención de 12.000 a 45.000 euros la exención en el IRPF de la retribución a empleados de start-ups en forma de pago con opciones sobre acciones (stock-options).

También se elimina la obligación de hacer pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes, así como la obligación de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE), pues bastará con el número de identificación fiscal (NIF).

Reformas estructurales

Según Calviño, este proyecto de ley forma parte de las reformas estructurales que ultima el Gobierno para "atraer inversión y talento" y convertir España en "un hub empresarial y digital de referencia en Europa".

Dentro de las reformas previstas para favorecer el clima de los negocios, Calviño ha anunciado que antes de que finalice el mes de julio también se prevé someter a audiencia pública el anteproyecto de ley para creación de empresas (que ya fue sometido a una fase previa de información pública en febrero) y el borrador de reforma de la ley concursal.

En el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas se prevé la entrada en vigor de la nueva ley de start-ups en el cuarto trimestre de 2022 como muy tarde, así como la nueva ley de creación de empresas. La nueva ley concursal debe entrar de vigor antes de que finalice el segundo trimestre de 2022.

Nómadas digitales

Para contribuir a convertir España en un "hub empresarial y digital", el borrador legal también incorpora incentivos para atraer a España teletrabajadores de grandes multinacionales extranjeras. Los llamados "nómadas digitales" podrán acceder en mejores condiciones al régimen de no residentes del impuesto sobre la renta (IRPF) por un periodo de diez años y, según Calviño, se diseñará un visado específico para personas que trabajen desde España para una empresa extranjera, extensivo a los del sector audiovisual.

Para favorecer la inversión en start-ups por parte de los llamados 'business angels' (persona que aporta su dinero, experiencia y contactos a nuevas empresas creadas por emprendedores con el fin de obtener una participación accionarial y una ganancia futura) se mejora su régimen fiscal. Así, se eleva la base máxima de deducción por inversión en estas empresas, que pasará de 60.000 a 100.000 euros anuales, con un tipo de deducción que pasará del del 30% al 40% por un máximo de cinco años (siete, para ciertos sectores).

Además, el borrador incorpora estímulos para favorecer la ubicación fuera de polos urbanos. Según Calviño, "el incipiente ecosistema de start-ups en España está muy concentrado en Barcelona y Madrid", dos ciudades muy atractivos para este tipo de negocios. También en otras como Valencia, Málaga, A Coruña y Bilbao, entre otras. El objetivo -añadió la vicepresidenta- es favorecer la implantación de estas empresas en otros núcleos urbanos y rurales.