consulta pública

El Gobierno permitirá crear empresas con un euro de capital y de forma digital

Una normativa europea obliga a facilitar que el proceso se pueda completar de forma online en 10 días

La vicepresidenta de Asuntos Economicos  Nadia Calvino  durante la Comision de Asuntos Economicos y Transformacion Digital  en Madrid  (Espana)  a 29 de enero de 2021  La comparecencia se produce un dia despues de las reuniones que Calvino mantenido con varios representantes de la Comision Europea  a quienes ha garantizado que el Gobierno seguira trabajando  en las proximas semanas  para perfilar los detalles de las reformas incluidas en el plan de recuperacion espanol   29 ENERO 2021 CALVINO ASUNTOS ECONOMICOS TRANSFORMACION DIGITAL   EUROPA PRESS O CANAS POOL  29 01 2021

La vicepresidenta de Asuntos Economicos Nadia Calvino durante la Comision de Asuntos Economicos y Transformacion Digital en Madrid (Espana) a 29 de enero de 2021 La comparecencia se produce un dia despues de las reuniones que Calvino mantenido con varios representantes de la Comision Europea a quienes ha garantizado que el Gobierno seguira trabajando en las proximas semanas para perfilar los detalles de las reformas incluidas en el plan de recuperacion espanol 29 ENERO 2021 CALVINO ASUNTOS ECONOMICOS TRANSFORMACION DIGITAL EUROPA PRESS O CANAS POOL 29 01 2021 / EUROPA PRESS O CANAS POOL

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El Gobierno planea eliminar el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para la creación de empresas bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (SRL), reduciéndolo hasta la cantidad simbólica de un euro. Así se recoge en una consulta pública abierta este viernes por el Ministerio de Asuntos Económicos de cara a la elaboración de un proyecto de ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial. En el texto también se recuerda que una directiva europea de 2019, ya sometida a consulta pública por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, obliga a los Estados de la UE a permitir el registro de este tipo de compañías de forma digital en un plazo máximo de 10 días, una medida que también se prevé incluir en la futura norma española.

El departamento dirigido por Nadia Calviño, asimismo, planea aprobar iniciativas adicionales para combatir la morosidad entre empresas, en vista de los "incumplimientos de los periodos medios de pago estipulados" (60 días de máximo como norma general) por distintas leyes desde 2004. "Se constata un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas. Las empresas más pequeñas tienen una probabilidad más alta de aceptar unos plazos de pago más largos o de que les sean impuestos por parte de empresas más grandes, debido al temor a deteriorar las relaciones comerciales. En caso de incumplimiento, la mayoría de las empresas no exigen las penalizaciones previstas en la normativa, como la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago", sostiene.

Para combatirlo, plantea a los agentes económicos en su consulta que le propongan medidas que se basen en "directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales, reforzar el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de: un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos". 

Financiación y barreras

El Ejecutivo también quiere fomentar la aparición de empresas innovadoras de nueva creación ('start ups') mediante una mejora de los mecanismos de financiación privada a su disposición y de la eficacia de los instrumentos públicos de apoyo. Asimismo, ha pedido propuestas sobre qué barreras administrativas se podría retirar para fomentar el crecimiento empresarial, en particuar para evitar el llamado 'efecto escalón' (el aumento de los requisitos normativos para compañías a partir de ciertos tamaños que hace que algunas firmas eviten ganar dimensión).

El Gobierno, asimismo, considera "conveniente mejorar la normativa aplicable para lograr una mayor claridad, una reducción de cargas administrativas y una mayor seguridad jurídica, así como una mayor eficacia en el funcionamiento de los instrumentos de mejora de la regulación económica". En particular, apunta que las distintas reformas adoptadas para mejorar la regulación e "impulsar el buen funcionamiento del mercado único en todo el territorio nacional contienen ciertas ambigüedades e imprecisiones sobre su "ámbito de aplicación y alcance". Por ello, pide a los agentes económicos propuestas de mejora.