Las 5 claves de la 'reforma Escrivá' de las pensiones

El Congreso de los Diputados debate este jueves el proyecto de ley que contiene la primera fase de la reforma de las pensiones que prevé acometer el Gobierno y que debe entrar en vigor a partir del 1 de enero si supera el trámite parlamentario. Esta primera ronda ha sido pactada con los agentes sociales. Sin embargo, el denominado como "proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones" se enfrenta en el pleno del Congreso con la enmiendas a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Estas son las principales claves del acuerdo que validas por el Ejecutivo.

Revalorización según el IPC

Las pensiones subirán a partir del año que viene en función de cómo haya evolucionado la inflación durante el ejercicio precedente. Escrivá acaba con las fórmulas ad hoc que en los últimos años habían imperado y que dependían del criterio que en cada momento aplicará el Ejecutivo. Se utilizará como base la media del IPC entre noviembre de un año y otro. Y en aquellos ejercicios que cierren con un IPC negativo, las pensiones no bajarán, sino que se les aplicará un 0% de revisión. Así el Ejecutivo quiere asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

Incentivos para demorar la jubilación y penalizaciones por avanzarla

La principal vía por la que Escrivá pretende disponer de más ingresos para el sistema público es haciendo que la gente trabaje y cotice más años (y, por ende, retrase unos años el cobrar pensión). El Ejecutivo apuesta por la vía de los incentivos, es decir, premiar a quien decida posponer su retiro. Un mecanismo que incluye el acuerdo cerrado ayer es dar el 4% más de pensión por cada año que se posponga el retiro. Antes dicho premio era del 2%. Los trabajadores también podrán escoger como alternativa cobrar un cheque de entre 4.786 y 12.060 euros por cada año más de vida laboral. Si la esperanza de vida es alta, en total es menos dinero, pero se cobra de golpe.

En paralelo a los incentivos para trabajar más, Escrivá también dispone desincentivos para retirarse antes. Antes los coeficientes reductores que calculaban cuanto bajaba la pensión eran trimestrales y ahora son mes a mes y más altos al principio. Lo que empuja a retrasar, como mínimo unos meses, la prejubilación. También suben ostensiblemente las penalizaciones para las prejubilaciones entre los trabajadores con salarios más altos, pero estas no entrarán en vigor hasta el 2024 y lo harán gradualmente.  

Coto a la jubilación forzosa

El preacuerdo cerrado este lunes limita a muy pocas casuísticas que un convenio colectivo pueda obligar a una persona a jubilarse. Queda descartado siempre que dicho trabajador no tenga los años de cotización mínimos para retirarse. También queda muy vinculado a la obligación de reemplazar al empleado con un contrato de relevo, indefinido y con promoción de las mujeres en el caso de aquellos sectores más masculinizados.

Separación de fuentes

Una novedad de última hora en el acuerdo es el adelanto en la separación de los gastos propios e impropios que actualmente asume la Seguridad Social, que entrará ya en vigor en el 2022. Para reforzarla, el Estado inyectará entre 22.000 y 23.000 euros para acabar de subsanar el déficit que arrastra la Seguridad Social al asumir gastos que no se financian directamente con la contribución de los cotizantes, como pensiones de viudedad o subsidios.

Nuevos derechos

El primer bloque de la reforma de las pensiones también incluye otras medidas, como la equiparación en el acceso a las pensiones de viudedad de las parejas de hecho como si fueran matrimonios. Para que esto entre en vigor se dan seis meses. Otra novedad es la obligación de que las empresas o entidades públicas que tengan estudiantes en prácticas coticen por ellos, independientemente de si dichos becarios perciben o no una remuneración. Dicha obligación entrará en vigor en un plazo de tres meses.

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