El Gobierno impulsa el cese de Abril-Martorell como presidente de Indra

El Gobierno ha iniciado los trámites para forzar la salida de Fernando Abril-Martorell como presidente ejecutivo de Indra, el grupo tecnológico y de defensa del que el Estado es el primer accionista. "Le vencía el mandato este año, después de haber estado al frente de la compañía desde 2015. En la compañía se abre una nueva etapa llena de oportunidades en sectores clave para el país que por su alto contenido tecnológico pueden contribuir en primera línea a la reactivación económica", han argumentado fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) respecto a la noticia adelantada por 'El Confidencial'.

El Estado no es solo el principal accionista de la compañía (la privatizó en 1999, pero para evitar opas hostiles y mantener su españolidad por considerarla una "empresa estratégica", en 2013 compró el 20,1% de su capital por 337 millones a Bankia, que estaba obligada a vender sus participaciones industriales por su rescate). También es uno de sus principales clientes a través del Ministerio de Defensa, que gestiona los derechos de voto de la SEPI en la empresa. Según algunas fuentes, al Gobierno no le habrían gustado algunas de las últimas decisiones de Abril-Martorell, en particular los dos eres que presentó a finales del año pasado y que la compañía acabó suavizando de forma notable respecto a sus planes iniciales.

En una comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra ha explicado que la SEPI "ha trasladado a la compañía su voluntad de promover un relevo en la presidencia" y su "deseo de dar inicio a una nueva etapa en la presidencia". El consejo de administración, ha añadido, no ha adoptado todavía "ninguna decisión sobre ese posible relevo" y de momento se ha limitado a acordar retrasar hasta el 30 de junio la celebración de la junta de accionistas de la empresa, que en principio debería ratificar ese cambio en la cúpula. El relevo podría tratarse en una reunión el órgano de administración el próximo lunes, según algunas fuentes.

Dos consejeros

El Estado posee actualmente el 18,75% de las acciones de Indra y ocupa dos de los 13 puestos de su consejo de administración a través del exministro Miguel Sebastián y el exdiputado socialista Antonio Cuevas. Los otros propietarios relevantes son la Corporación Financiera Alba, 'holding' de participaciones industriales del Grupo March (9,99%) y el fondo estadounidense Fidelity (9,809%), por delante de Norges Bank, la gestora de activos del Santander o T. Rowe Price Associates (los tres con porcentajes del capital de en torno al 3%). La compañía cotiza en el Ibex 35 y la noticia del cese del presidente no ha gustado a los inversores: Indra se ha convertido en el farolillo rojo de la sesión en el selectivo con una fuerte caída del 7,96%.

Abril-Martorell llegó al puesto en 2015, en época del Gobierno de Rajoy y tras la entrada de Telefonica en el capital de Indra, para sustituir a Javier Monzón, que la presidía desde su creación en 1993 y cuyos últimos años de gestión habían dejado a la empresa en una situación financiera muy delicada, lo que le había provocado enfrentamientos con el Ejecutivo. Monzón e Indra también llegaron a estar investigados en el marco del 'caso Púnica' por presuntamente haber financiado de forma irregular al PP, pero finalmente su imputación fue sobreseída.

Gestión profesional

Abril-Martorell --que ha convivido con Gobiernos de PP y PSOE, cinco presidentes de SEPI, tres ministros de Defensa y cuatro secretarios de Estado-- dio la vuelta a la situación de la compañía. Al poco de llegar, reformuló las cuentas de 2014 y se vió obligado a realizar provisiones millonarias por aquel ejercicio y el siguiente, en los que la firma acumuló 733,1 millones de pérdidas. Además, en 2015 pactó un ere de 1.750 puestos de trabajo, el 8% de la plantilla. Los resultados comenzaron a mejorar a partir de entonces, pero el año pasado perdió 65 millones como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, en el primer trimestre del presente ejercicio ganó 22 millones, recuperó los niveles de actividad previos a la pandemia y presentó la cartera de pedidos más grande de su historia (5.322 millones de euros).

Nacido en Segovia en 1962, es licenciado en derecho y administración de empresas por ICADE (Madrid). Antes de llegar a su actual puesto, trabajó en JP Morgan en Madrid, Nueva York y Londres (1987 a 1997), fue director financiero (1997 a 2000) y consejero delegado (2000 a 2003) de Telefónica bajo la presidencia de César Alierta, consejero delegado de Credit Suisse en España y Portugal (2005 a 2011) y consejero delegado de Prisa (2011 a 2014). Actualmente es consejero en Ence y Adevinta.