El Gobierno descarta quitas generalizadas en los créditos ICO

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dado una pista velada al respecto este lunes. "Nuestra prioridad en el ámbito de las empresas es apoyarlas para que en estas semanas duras que aún quedan por delante puedan aguantar y, sobre todo, que tengan músculo para la recuperación. Yo quiero poner el énfasis en este tema, en lugar de centrarnos en instrumentos que a lo mejor son el último recurso y que no van a ser utilizados en la mayoría de las empresas", ha asegurado en una entrevista en TVE.

El impulso de quitas amplias había complicado en las últimas semanas las negociaciones que el Gobierno y la banca mantienen desde al menos finales de agosto para crear un marco que permita refinanciar y reestructurar los créditos ICO. Las partes discrepan sobre cuándo se ha descartado la idea: en el Ejecutivo se sostiene que fue hace semanas, pero en el sector financiero se afirma que fue la semana pasada. El acuerdo, en cualquier caso, parece ahora más cercano y en línea con la intención de Calviño de aprobar este mes de marzo el plan de ayudas a empresas por valor de 11.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez el pasado miércoles.

Dos patas del plan

Dicho plan va a tener dos grandes componentes. Parte del dinero se destinará a financiar la conversión de créditos avalados por el ICO en instrumentos de capital como vía para reforzar la solvencia de las empresas, dentro del marco de reestructuraciones que se negocia con los bancos. Y otra parte serán ayudas directas. Calviño está insistiendo mucho en las últimas semanas en que las comunidades autónomas deben aumentar también sus propias ayudas directas y está por ver si el plan del Gobierno incluirá apoyos para ello.

Hasta mediados de febrero, los bancos habían concedido 116.659 millones de euros a empresas (un 98% de las cuales son pymes y autónomos) en 969.630 créditos avalados por el ICO. Las entidades, con el apoyo del Banco de España, se oponían a la concesión de quitas generalizadas con un doble argumento. Por una parte, advertían de que la normativa bancaria llevaría a que, tras dichas condonaciones, toda la deuda de la empresa pasase a considerarse morosa, lo que obligaría a los bancos a hacer provisiones pero también imposibilitaría que la compañía recibiese financiación adicional. Y por otra, destacaban que los créditos ICO son solo entre el 20% y el 25% de los préstamos empresariales totales, con lo que argumentaban que quedarían discriminadas las firmas que no los hubieran solicitado.

Negociación de meses

Las negociaciones se basan en determinar qué empresas se consideran viables, cuáles inviables o 'zombies', y cuáles sostenibles si reciben ayuda. Para ello se cuenta con la ayuda del Banco de España y de un informe elaborado por la consultora Oliver Wyman y pagado por las patronales AEB y CECA. A partir de este análisis, se prevé crear marco de actuación, como adelantó este diario en diciembre, que contemple una serie de situaciones distintas de las empresas, como que esté en concurso de acreedores, en preconcurso, que tenga tanto deuda insostenible como sostenible, comience a impagar, o caiga en morosidad (más de 90 días sin abonar las cuotas).

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Las medidas que se aplicarán irán desde alargamientos de plazos hasta quitas en la deuda (que se decidirán de forma más concreta y particular de lo contemplado inicialmente por el Gobierno) y la conversión de parte de dicha deuda en capital mediante instrumentos como los créditos participativos o la deuda convertible. Como informó este diario hace un mes, la idea es aprobar una suerte de código de buenas prácticas para afrontar las refinanciaciones en igualdad de condiciones para las entidades y el ICO.

En cuanto a las ayudas directas, que el Gobierno no negocia con la banca, están sobre la mesa desde hace meses medidas como las subvenciones directas, las entradas en el capital y la deuda corporativa, o la creación de un fondo público-privado de capital riesgo. Paralelamente, el Gobierno está valorando la posibilidad de ampliar la moratoria de los concursos de acreedores forzosos más allá del 14 de marzo para dar tiempo a desplegar el plan de los 11.000 millones y aprobar la prevista reforma de la ley concursal.