Medidas por la pandemia

El Gobierno desencalla por fin las ayudas de capital a empresas con apoyo de la banca

  • El Tesoro traslada a Banco de España, AEB, CECA y los cinco grandes bancos que la idea es aprobarlas en marzo, si bien dependerá de Bruselas

  • Las patronales preparan un estudio con datos del supervisor sobre el estado de la deuda empresarial y su posible impacto en las cuentas públicas

  • La idea es aprobar una especie de código de buenas prácticas para afrontar las refinanciaciones en igualdad de condiciones para las entidades y el ICO

  • El nuevo marco temporal de ayudas de Estado comunitario permite al Ejecutivo avanzar en la aprobación de apoyos directos a la solvencia

  • Economía destaca que ya se han aprobado ayudas directas a empresas equivalente a más del 5% del PIB

Nadia Calviño.

Nadia Calviño. / Efe / Chema Moya

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

Escribe desde Madrid

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El Gobierno y la banca llevan desde al menos finales de agosto del año pasado analizando medidas para evitar que cientos de miles de empresas que atraviesan dificultades de liquidez como consecuencia de la pandemia acaben desapareciendo por problemas de solvencia causados por el alargamiento de la crisis. Los movimientos, sin embargo, se han acelerado en los últimos días. Esta misma semana se ha producido una nueva reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Economía (representado por el Tesoro y el Instituto de Crédito Oficial, ICO), el Banco de España, las patronales AEB y CECA, y los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Y este viernes el Ejecutivo ha confirmado por fin oficialmente que "reformará el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas".

Las negociaciones han tratado sobre tres asuntos. El primero fue el alargamiento de los plazos de vencimiento y carencia de los créditos que los bancos han concedido a empresas con aval de entre el 70% y el 80% del ICO (115.225 millones de euros en 951.053 operaciones, el 98% para autónomos y pymes), que se aprobó el pasado noviembre. El segundo se centra en cómo refinanciar a las compañías viables que hayan recibido esos créditos y atraviesen dificultades de pago. Y el tercero consiste en cómo reforzar la solvencia de las empresas sostenibles en apuros mediante ayudas de capital. Este último es el que llevaba más retraso, pero "el Tesoro por primera vez ha verbalizado que sí, que vamos a ello", sostienen fuentes bancarias.

La idea hace unas semanas era aprobar primero las medidas de refinanciación y después las ayudas de solvencia, pero el Gobierno prevé ahora dar luz verde a todo el paquete a la vez. El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, ha trasladado en las reuniones que "hay que seguir trabajando para tenerlo listo en marzo", según fuentes financieras. El Ministerio de Economía apunta, por su parte, que la intención es aprobar el plan "cuanto antes", pero precisa que para ello es necesaria la autorización de la Comisión Europea y que se tardará un tiempo en obtenerla.

Estudio de impacto

Se está trabajando en hacer una estimación de qué parte de la deuda empresarial es sostenible (léase, pagable), qué parte es insostenible (no se podría pagar ni refinanciándola por las malas perspectivas de la compañía), y qué parte puede llegar a abonarse si se cambian sus condiciones. El Banco de España ha pactado con la AEB y la CECA darle acceso a datos agregados y anónimos de su Central de Información de Riesgos y su Central de Balances para que las patronales realicen un estudio que "permita valorar el impacto del Covid-19 en el sector empresarial español e identificar posibles medidas para atender las posibles necesidades temporales de liquidez ocasionadas por la pandemia". La banca contrató el año pasado a la consultora Oliver Wyman como asesora. 

Ese informe debe servir para calcular qué impacto podrían sufrir las cuentas públicas, ya que las medidas de refinanciación y reestructuración que se contemplan pasan por alargamientos de plazos, quitas en la deuda o conversión de parte de dicha deuda en capital. Para ello, explican fuentes de la administración, el Gobierno tendrá que adoptar "medidas legislativas", ya que la normativa actual no permite que el ICO asuma quitas y dificulta (existen dudas legales sobre que sea posible) refinanciar la deuda no avalada de una empresa que haya recibido créditos con garantía del ICO.

La idea, como adelantó este diario en diciembre, es crear un marco de actuación que contemple una serie de situaciones distintas de las empresas, como que esté en concurso de acreedores, en preconcurso, que tenga tanto deuda insostenible como sostenible, comience a impagar, o caiga en morosidad (más de 90 días sin abonar las cuotas). Dicho marco de actuación fijará una "especie de código de buenas prácticas", apuntan diversas fuentes, que se comprometerán a cumplir los bancos y que busca tanto evitar que compitan entre sí por lograr mejores condiciones en la refinanciación como que se adelanten para intentar endosar toda la pérdida al ICO. Una vez en marcha, el ICO no tendrá que aprobar todas las refinanciaciones, solo quizás las de mayor importe, sin perjuicio de que pueda controlar a posteriori que todo se ha hecho bien.

Luz verde europea

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En cuanto a las medidas de apoyo a la solvencia, como publicó este diario en noviembre se están analizando subvenciones directas, entradas en el capital y la deuda corporativa (con instrumentos como los créditos participativos), o la creación de un fondo público-privado de capital riesgo. La Comisión Europea aprobó la semana pasada la ampliación del marco temporal de ayudas de Estado hasta final de año y, como novedad, va a permitir la conversión de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas a las empresas, lo que por fin da margen al Ejecutivo para aprobar los apoyos. "El Gobierno trabaja en medidas para aliviar la carga financiera de autónomos y empresas, y reforzar la solvencia de negocios viables", ha confirmado este viernes Economía.

El Ministerio que dirige Nadia Calviño ha anunciado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado notificar a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas públicas que pueden conceder las distintas administraciones. La puesta en marcha de dicho marco debe ser aprobada por Bruselas. Economía también ha querido desmentir que no se hayan aprobado ya ayudas directas: los apoyos públicos, ha esgrimido, equivalen al 20% del PIB (más del 5% en ayudas directas de impacto presupuestario y un 15% en medidas de liquidez) y las ayudas directas están entre las más elevadas de los grandes países de la Unión Europea, según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.