Gobierno y banca avanzan en cómo refinanciar a empresas avaladas por el ICO

A medida que se prolonga la tormenta del coronavirus, el nivel del agua no deja de subir y amenaza con ahogar a decenas de miles de las más de tres millones de empresas que hay en España. Para evitarlo, el Gobierno y la banca llevan desde el verano estudiando cómo refinanciar los créditos de compañías en apuros que hayan recibido algunos de los más de 930.000 préstamos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En concreto, están perfilando un marco de actuación que contemple entre seis y ocho casos distintos, como que la empresa entre en concurso de acreedores, esté en preconcurso, tenga tanto deuda insostenible como sostenible, comience a impagar, o caiga en morosidad (más de 90 días sin abonar las cuotas), confirman diversas fuentes financieras.

Las conversaciones se están produciendo entre la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos, con su responsable Carlos San Basilio a la cabeza, y representantes de las dos principales patronales del sector (la AEB y la CECA) y los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). El problema de partida es que existen serias dudas legales sobre que la normativa vigente permita refinanciar no ya solo los créditos avalados por el ICO (en caso de impago, las cuentas públicas cargarán con hasta el 80% de las pérdidas), sino el resto de préstamos de una empresa que haya recibido dicha financiación garantizada por el Estado.

El Gobierno baraja rescatar pymes entrando en su capital

Corsé contractual

Los contratos firmados por el ICO y los bancos la pasada primavera impedían a las entidades conceder los préstamos avalados a empresas morosas o en concurso de acreedores, además de comprometerles "a no refinanciar ni a reestructurar las operaciones que tenga suscritas con el autónomo/clientes antes del 17 de marzo de 2020", fecha de entrada en vigor del estado de alarma y el confinamiento. Ese veto buscaba evitar que se utilizase el apoyo público para aplazar los problemas de compañías que ya eran inviables antes de la pandemia, algo que prohíbe la normativa europea de ayudas de Estado.

Dichas condiciones, sin embargo, se han convertido en un corsé ahora que la prolongación de la enfermedad y las consiguientes medidas de contención están haciendo evidente que empresas que sí son viables van a necesitar una reestructuración de su endeudamiento para sobrevivir ante la caída o ausencia de actividad e ingresos. "Si interpretas un par de cláusulas estrictamente, hay una restricción. Se va a aclarar en los próximos meses", apunta Jose Christian Bertram, del despacho de abogados Ashurst. 

Marco flexible

El Gobierno y la banca están tratando de encontrar un marco de actuación flexible tanto para los créditos avalados por el Estado como para el resto de préstamos que tenga cada empresa. De ahí que se estén tratando de fijar los distintos casos que se pueden producir y cómo proceder en cada uno de ellos, si bien luego se decidirá compañía a compañía. Los bancos están dispuestos a que el ICO tenga voz también en la reestructuración de los créditos no avalados.

"El debate es cómo damos un marco flexible para modificar las condiciones de los préstamos. Eso en la banca estamos acostumbrados a hacerlo, estamos acostumbrados a refinanciar o reestructurar operaciones empresariales. Puede ser de tipo más ligero, alargando plazos de la deuda para permitir acomodar lo que tiene que pagar el cliente a sus capacidades de pago. En otros casos vamos a reestructuraciones que son más complejas, donde tenemos que asumir quitas o donde incluso hemos ido también a situaciones de convertir parte de la deuda en capital para recomponer la situación financiera de la empresa", explicó el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, hace unas semanas.

Plácet de Bruselas

Al ICO le interesa que se refinancien los préstamos que no ha garantizado, ya que ello mejorará la posición financiera de la compañía deudora y disminuirá por tanto las posibilidades de que se ejecute su aval por impago, con el consiguiente impacto en las cuentas del Estado. De hecho, en la reciente ampliación por parte del Gobierno de los plazos de vencimiento (de cinco a ocho años) y carencia (de uno a dos años) de los créditos avalados ya se estudió que el resto de los préstamos no garantizados se beneficiaran de unas medidas similares, si bien se desestimó por su complejidad.

El principal escollo es que cualquier solución, y los consiguientes cambios normativos y contractuales, deben contar con el visto bueno de la Comisión Europea por tratarse de una ayuda de Estado. La ampliación de los plazos que aprobó el Consejo de Ministros a mediados de noviembre, y que supuso una primera reestructuración generalizada de los créditos avalados por el ICO, ya tuvo que ser validada por Bruselas. "Esas son las ideas que están sobre la mesa y ahora hay que ir viendo qué se puede hacer. Hay margen de tiempo, porque la morosidad de los préstamos ICO sigue siendo residual", apuntan fuentes del Ejecutivo.

Apoyo a la solvencia

El Banco de España, en cualquier caso, lleva tiempo advirtiendo de que dicho margen no es infinito y el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha abogado insistentemente por plantearse medidas adicionales de apoyo a empresas viables que atraviesen dificultades temporales.

Precisamente, el Gobierno y la banca contemplan para una segunda fase, una vez aclarado el marco de actuación para las reestructuraciones, analizar otro tipo de apoyos a la solvencia de las empresas, como subvenciones directas, entradas en el capital y la deuda corporativa, o la creación de un fondo público-privado de capital riesgo, campos en los que otros países europeos van mucho más avanzados que España.

Suscríbete para seguir leyendo