29 may 2020

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consecuencias del coronavirus

El ICO controlará que no se disparen los precios de los créditos avalados

Los contratos entre el instituto público y los bancos obligan a estos a trasladar "ventajas" a los clientes

El Banco de España ha instado al sector a ser muy riguroso en la aplicación de las garantías

Pablo Allendesalazar

La vicepresidenta y inistra de Economía, Nadia Calviño, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta y inistra de Economía, Nadia Calviño, en una imagen de archivo. / EFE EPA ERIK S LESSER

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) controlará que los bancos cumplan su obligación legal de no disparar los precios y condiciones de los créditos avalados por el Estado a empresas y autónomos afectados por la pandemia del coronavirus. Así se desprende del contrato que el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha hecho llegar a las entidades financieras a través de las que va a canalizar los primeros 20.000 millones de euros de la línea de garantías de 100.000 millones aprobada por el Gobierno. Las dos partes están firmando el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, entre este viernes y el lunes.

El contrato destaca que los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de los avales se habrán de mantener "en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura". Asimismo, advierte a las entidades de que deberán "trasladar" a los autónomos y empresas la "ventaja" que supone contar con la garantía pública, bien "mediante la contención o reducción del tipo de interés de la nueva operación financiera, bien mediante la concesión de igual o mayor riesgo al cliente al que tenía concedido antes del inicio de la crisis del COVID-19 o al que le correspondiese en caso de no existir el aval, o bien mediante un incremento del plazo o mediante la concesión de algún periodo de carencia del principal".

Desatender esta obligación es uno de los supuestos previstos que obligarían al banco a devolver el dinero recibido del Estado si el cliente entra en morosidad. Para garantizar que las entidades cumplan, los bancos deberán aportar al ICO dos "parrillas trimestrales" durante el 2020 con los precios medios aplicados a los créditos en función de cada plazo y diferenciando entre autónomos y pymes, por un lado, y el resto de empresas, por otro. Una de las tablas recogerá solo las operaciones avaladas y la otra incluirá todas las operaciones formalizadas por la entidad, con el objetivo de poder comparar los tipos aplicados.

Aplicación rigurosa

El ICO también ha empezado a asignar a cada entidad el importe máximo de avales que le corresponde, en línea con su cuota de mercado. Con esta medida, se busca evitar que los bancos compitan entre sí. En la anterior crisis, en la que las garantías se concedían según iban llegando las solicitudes, algunas entidades instaron a sus clientes a pedir más liquidez de la que necesitaban con el argumento de que más adelante podría no estar disponible y con el objetivo de dejar a sus competidores sin fondos. El ICO, con todo, se ha reservado la potestad de modificar dichos límites antes del 30 de septiembre por si algunos bancos agotan su máximo y otros no parece que vayan a consumirlo. 

El Banco de España está instando a las entidades a ser muy rigurosas en la aplicación de las garantías. El organismo supervisor espera que el sector cumpla su compromiso de mantener y renovar las líneas de crédito abiertas a empresas hasta septiembre. Al mismo tiempo, está vigilante para que los bancos no intenten incluir créditos morosos en la línea de avales, algo que está expresamente prohibido. Asimismo, la institución les ha recomendado fuertemente que no traten de aprovechar la ocasión para ofrecer a los clientes contratar otros productos (lo que se conoce como venta cruzada).

Evitar irregularidades 

El documento también insiste en una de las preocupaciones de las autoridades: la línea no debe usarse para la "unificación o reestructuración" de créditos, ni tampoco para la "cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes", sin perjuicio de que sí es posible renovar créditos y líneas de liquidez. Se trata de otra medida dirigida a evitar que las entidades aprovechen para incluir en las garantías a clientes con ya tenían dificultades de pago antes de la pandemia.

Los bancos podrán conceder los créditos "de acuerdo con sus procedimientos internos y usos bancarios" y solo tendrán que pedir una autorización previa del ICO cuando el préstamo supere los 50 millones de euros. El organismo público, eso sí, revisará directamente o a través de otra entidad que "designe" las operaciones avaladas a partir del 2021. Las inferiores a 10 millones, las analizará a través de un "sistema de muestreo del total", mientras que las superiores será todas revisadas.

Condiciones

El contrato confirma que los bancos podrán pedir los avales -que cubrirán el capital pero no los intereses ni otros conceptos- hasta el 30 de septiembre, pero precisa que el Consejo de Ministros podría ampliar la línea hasta el 31 de diciembre. También aclara que podrán pedir las garantías las empresas que hayan solicitado un erte con posterioridad al 17 de marzo, así como las compañías públicas de todos los niveles de la administración. Quedan excluidas las firmas y autónomos que estuvieran en situación de morosidad al cierre del año pasado según la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), las que estuvieran en concurso de acreedores a fecha 17 de marzo de 2020, y las del sector financiero y de seguros.

No se establece importe mínimo de financiación de la operación avalada y tendrán una duración máxima de cinco años. Entre otros conceptos, enumera el contrato, los créditos servirán para pagar nóminas y seguros sociales, facturas de proveedores del 2020, alquileres de locales, gastos de suministros, servicios laborales externalizados, impuestos cuyo periodo de pago se devengue a partir del 17 de marzo, obligaciones financieras que vayan venciendo a partir de la misma fecha, y operaciones firmadas con el banco que no hayan podido beneficiarse de la línea de avales ICO creada por la quiebra de Thomas Cook.