El covid agrava el suspenso de España en los objetivos europeos de empleo

La pandemia ha sido un muy grave imprevisto, pero España ya no llegaba con los deberes hechos en materia de empleo. El Gobierno español no ha cumplido con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para la Estrategia Europa 2020. El Ejecutivo no ha logrado llegar al 2020 con el 75% de población empleada, reducir el abandono escolar por debajo del 10% y reducir la pobreza por debajo de los 20 millones de personas, tal como refleja el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo.

La Estrategia Europa 2020 es un marco de referencia al que se acogen los diferentes estados miembros de la Unión para coordinar sus políticas económicas. Cada uno se marca sus propios objetivos para orientar sus políticas públicas y revertir los déficits históricos que arrastra cada país. Estos los hizo suyos José Luís Rodríguez Zapatero en su última legislatura. Y España, tras la ‘era Mariano Rajoy’ y ahora en la incipiente de Pedro Sánchez, no ha cumplido con lo firmado. El paro es la gran asignatura pendiente del mercado laboral español y, pese a que la pandemia ha hecho sangre de esa herida, los datos pre covid estaban todavía lejos del aprobado. 

España empezaba el 2020 con una tasa de empleo del 68% entre las personas de 20 a 64 años. Ese 32% restante son personas en paro o inactivas, es decir, que ni trabajan ni buscan trabajo; ya sea por desánimo, problemas familiares u otros motivos. La tendencia era al alza y el nivel de ocupación ya superaba los índices previos a la crisis financiera del 2008. No obstante, todavía no alcanzaba ese 75% fijado como objetivo y, tras el mazazo sin precedentes de la pandemia, los indicadores volvieron a hundirse.

Un mercado laboral con la mandíbula de cristal

La fragilidad del mercado laboral español ante las crisis quedó reflejada cuando en marzo del año pasado se perdieron en 15 días más de 800.000 ocupados, con la elevada temporalidad como gasolina. La tasa de empleo finalmente cerró el 2020 en el 65,7%, el nivel más bajo desde el 2017 y diez puntos por debajo del compromiso firmado. Los altos índices de paro entre los jóvenes, las mujeres o los mayores de 55 años lastran el balance, del que solo se salvan los trabajadores con alta cualificación, entre los que las tasas de empleo son del 78,4%.

Dos reformas clave en este aspecto envió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para paliar estos déficits históricos. Por un lado la modernización de las políticas activas de empleo. La Airef ha criticado el actual diseño, considerando que la falta de concreción hace ineficiente el gasto. Y, por el otro, la estabilización de un nuevo modelo de ertes, para evitar que cuando vienen mal dadas la primera reacción del empresario sea recurrir al despido.

Ambas cuestiones están pendientes de cerrarse en el seno del diálogo social. La primera, la de las políticas activas de empleo, está bastante avanzada, con previsión de poder sacarla con acuerdo antes de finalizar el mes de marzo. La segunda, pese a su carácter prioritario, todavía no ha comenzado a abordarse y la relación entre ayudas públicas y compromisos con el empleo por parte de los empresarios promete ser uno de los puntos calientes de la negociación. 

Abandono escolar y pobreza

Así como en términos de empleo la pandemia ha tenido un impacto directo y notable, el virus no ha lastrado la tendencia reductora del abandono escolar prematuro. No obstante, la nota todavía no da para el aprobado. En el 2019 la tasa era del 17,3%, a 2,3 puntos del compromiso del 15% fijado para 2020. Entre las mujeres la tendencia al abandono es menor, del 13%, frente al 21,4% entre los hombres. En la UE la tasa media es del 10,2%.

La gran apuesta para cumplir con la tercera asignatura que revisa Europa es el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este, en fase de despliegue, pretende reducir los índices de pobreza en España. Según los últimos datos del 2019, uno de cada cuatro españoles vivía en riesgo de pobreza, una cifra con pocas variaciones en la última década. En la última nómina del 2020, unas 160.000 familias percibían este subsidio, y el Gobierno pretende llegar a los 850.000 hogares antes de acabar el año. 

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