El Estado se endeudará en 1.350 millones por el almacén de gas Castor

El Congreso tendrá que convalidar este jueves el real decreto-ley que autoriza al Estado a emitir deuda para compensar a los bancos por los recursos que aportaron para compensar a la sociedad concesionaria del fallido almacén de gas Castor. La ACS de Florentino Pérez era mayoritaria en la sociedad concesionaria, Escal, beneficiaria de una compensación de 1.350 millones de euros. Esta medida incluida en el real decreto-ley trata de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho del Santander, Caixabank y Bankia a ser resarcidos por el almacén de gas Castor.

El Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) reclama frenar esta "deplorable operación política" que, a su juicio, sirve para "librar de sus deudas a la ACS de Florentino Pérez por su inversión fallida del Castor". Este movimiento exige a los partidos que voten para que el real decreto ley se transforme en proyecto de ley y "pueda ser enmendado y desactivado". En el real decreto publicado el pasado 30 de diciembre, en el que también se incluyen medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital y otras relacionadas con el apoyo a las personas y las familias, se justifica que "para la obtención de la financiación necesaria para atender al pago[a los bancos], dado el elevado importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el covid-19, se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el fondo de contingencia de recursos suficientes para financiarlo". Y recuerda que el fallo del Supremo se basa en la «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» .

Interés del 4,27%

Las tres entidades financieras adelantaron en su día a Enagás, en la que participa el Estado, 1.350 millones de euros por la adquisición de un derecho de cobro que esta sociedad tenía constituido en favor del sistema gasista por plazo de 30 años. El Gobierno de Mariano Rajoy endosó a esta compañía gestora del sistema gasista la obligación de resarcir a la sociedad concesionaria del almacén, que dejó de desarrollarse por una serie de seísmos que provocó en la costa sur de Catalunya y norte de la Comunitat Valenciana. De esta manera cumplía la obligación legal que se había establecido en su día de compensar a la sociedad concesionaria por la paralización del proyecto en 2013 y no engordaba el déficit público.

A su vez se autorizó a Enagás que cediera a terceros esa deuda. Los tres bancos bancos ganaron la convocatoria a cambio de los derechos de cobro de la factura del gas durante 30 años. Como consecuencia de ello y porque hubo que establecer un interés del 4,27% para que se apuntaran entidades financieras a la puja, los 1.350 millones iniciales se hubieran convertido al final del periodo en unos 4.200 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenó paralizar los pagos por el rescate de 1.350 millones de euros después de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017  que tumbó el real decreto ley aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación. Como una parte de los pagos a plazos ya se habían llevado a cabo a través del recibo de los usuarios, entidades como la patronal vallesana Cecot presentaron reclamaciones de ejecución de sentencia para que se devolviera el dinero que los consumidores pagaron entre el 2014 y 2018. Esta organización impugnó las órdenes ministeriales que cada ejercicio durante ese periodo reconocían este pago a través del recibo del gas.

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