Cecot demanda al Estado por incumplir una sentencia por el almacén Castor

La patronal vallesana Cecot presentará una demanda de ejecución de sentencia ante el <strong>Tribunal Supremo</strong> contra el Estado para que se lleve a cabo la devolución a consumidores y empresas de los recursos destinados a Enagás por el mantenimiento del almacén de gas Castor, que ascienden a 34,5 millones de euros.

Esta infraestructura, construída por la sociedads Escal, de la que la ACS de Florentino Pérez era el principal accionista, fue paralizada en el 2013 tras provocar numerosos seísmos en la costa de Vinaroç (Castelló) y el sur de Catalunya; y se benefició de un rescate de 1.350 millones de euros con cargo a la factura de los consumidores.

Cecot, que ha ganado cuatro sentencias en este sentido, ha tomado esta decisión tras reclamar por carta a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el retorno a los consumidores de los 34,5 millones que se pagaron a Enagás por los trabajos de mantenimiento de las instalaciones construidas por la sociedad Escal. La patronal afirma que la ministra les dijo que los recursos se habían destinado a Enagás para otras inversiones en infraestructuras.

"Decisión injusta"

A juicio de esta organización empresarial, "esta decisión, además de injusta, no obedece ni a los fundamentos de la demanda de Cecot, ni al mandato judicial de la sentencia del Tribunal Superior que no es, ni más ni menos, que el de devolver a los consumidores de gas todo el sobrecoste que tuvieron que soportar entre el 2014 y el 2018 por una incorrecta gestión del Estado”, según su presidente, Antoni Abad.

La patronal vallesana recuerda que en una respuesta parlamentaria a ERC, el Gobierno afirmó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió en julio del año pasado el reintegro al sistema del gas de las cuantías abonadas y cuantificadas en 209,7 millones a Escal; 34,5 millones a Enagás y 141,2 millones a entidades financieras. Pero no explicó, agregan, si el retorno se ha llevado a cabo, tanto de los 4,5 millones pagados a la empresa Escal UGS en el 2016 o los 141,2 millones a los bancos.

Pagos paralizados

La CNMC ordenó paralizar los pagos por el rescate de 1.350 millones de euros. Banco Santander, Caixabank y Bankia se hicieron cargo de la deuda de 1.350 millones de euros para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS y en contrapartida se garantizaban unos ingresos vía factura del gas a lo largo de 30 años. Ese pago, reclamado por estas entidades ante el Tribunal Supremo, está paralizado tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que tumbó el real decreto ley aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación.

En el 2015, Cecot inició, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centro Metalúrgico inició una ofensiva legal para "evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor".

Ofensiva jurídica

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En el 2017, el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, lo que constituyó un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes órdenes ministeriales publicadas a partir del Real Decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Supremo. Esta patronal impugnó las órdenes ministeriales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y el alto tribunal le ha dado la razón.

En la segunda de las sentencias, el Supremo obligaba al Gobierno a reintegrar al sistema gasista no solo la cuantía relativa a la importe del mantenimiento y operatividad de Enagás del 2016 (15,7 millones de euros), sino la primera cuota anual (80,6 millones) del crédito de 1.350 millones que el anterior Ejecutivo central autorizó a pagar a la concesionaria Escal UGS, y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5 millones) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre del 2014.

La tercera y la cuarta sentencias ganadas por la Cecot, continúan obligando al Gobierno a devolver al sistema gasista la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU, así como devolver la segunda (80,6 millones) y la tercera (80,6 millones) cuota anual.

Hibernación y compensación

La construcción del almacén de gas Castor fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de acumular reservas estratégicas. Se aprovechó un antiguo yacimiento petrolífero agotado, ubicado frente a las costas de Vinaroç, pero al comenzar a inyectar gas en su interior, en septiembre del.

Como consecuencia de ello, el Gobierno ya de Mariano Rajoy tuvo que poner en hibernación el almacén en el 2014 y, tres años después, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos después de recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.

A su vez , el Ejecutivo ordenó indemnizar a la empresa constructora, participada mayoritariamente por ACS, con 1.350 millones de euros, que los consumidores de gas pagarían en 30 años, a través de su recibo. el Tribunal Constitucional anuló esa decisión en el el 2017.

Para evitar aumentar el déficit público, el Gobierno endosó a Enagás, el gestor del sistema --encargada del mantenimiento e hibernación de las instalaciones, también a cargo del recibo--, la responsabilidad de indemnizar al concesionario de Castor. A la vez transfirió a esa compañía, los derechos de cobro y esta los cedió a los tres bancos que adelantaron el dinero.