El Supremo reconoce el derecho de los bancos a ser indemnizados por Castor

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del Santander, Caixabank y Bankia a ser resarcidos por el almacén de gas Castor. El alto tribunal ha revisado la desestimación por silencio por parte del Consejo de Ministros de la reclamación de daños y perjuicios que se habían ocasionado a tres entidades bancarias y concluye que deben ser resarcidos.

La reclamación del Santander, Caixabank y Bankia se basaba en que habían pagado a Enagás 1.350 millones de euros por la adquisición de un derecho de cobro que esta sociedad tenía constituido en favor del sistema gasista por plazo de 30 años. 

¿Por qué hay que devolver dinero a los bancos por el Castor?

El alto tribunal considera que las entidades tienen derecho a ese cobro que, por ese mismo importe, debió pagarse por cuenta del Estado a la concesionaria del depósito de almacenamiento de gas Castor, la sociedad Escal, de la que la ACS de Florentino Pérez era el principal accionista, una vez acordada la hibernación de dichas instalaciones.

La pretensión indemnizatoria se fundaba en la responsabilidad del Estado legislador, porque ese derecho de cobro del sistema gasista del que eran titulares las entidades bancarias, había sido constituido por el Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, y dicha norma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La declaración de inconstitucionalidad declara la nulidad del derecho de cobro del que eran titulares los Bancos recurrentes.

La sentencia estima el recurso, en parte, y reconoce el derecho de los Bancos a percibir de la Administración las cantidades que habían pagado para adquirir el mencionado derecho de cobro.

Otras batallas jurídicas

Esa no es la única batalla jurídica en la que está inmerso el Castor. La patronal vallesana <strong>Cecot </strong>presentó una demanda de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo contra el Estado para que se lleve a cabo la devolución a consumidores y empresas de los recursos destinados a Enagás por el mantenimiento del almacén de gas , que ascienden a 34,5 millones de euros.

Cecot, que ha ganado cuatro sentencias en este sentido, tomó esta decisión tras reclamar por carta a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el retorno a los consumidores de los 34,5 millones que se pagaron a Enagás por los trabajos de mantenimiento de las instalaciones construidas por la sociedad Escal. La patronal afirma que la ministra les dijo que los recursos se habían destinado a Enagás para otras inversiones en infraestructuras.

La patronal vallesana recordó que en una respuesta parlamentaria a ERC, el Gobierno afirmó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió en julio del año pasado el reintegro al sistema del gas de las cuantías abonadas y cuantificadas en 209,7 millones a Escal; 34,5 millones a Enagás y 141,2 millones a entidades financieras. Pero no explicó, agregan, si el retorno se ha llevado a cabo, tanto de los 4,5 millones pagados a la empresa Escal UGS en el 2016 o los 141,2 millones a los bancos.

Tribunal Constitucional

La CNMC ordenó paralizar los pagos por el rescate de 1.350 millones de euros. Banco Santander, Caixabank y Bankia se hicieron cargo de la deuda de 1.350 millones de euros para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS y en contrapartida se garantizaban unos ingresos vía factura del gas a lo largo de 30 años. Ese pago, reclamado por estas entidades ante el Tribunal Supremo, está paralizado tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 que tumbó el real decreto ley aprobado en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy para la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación.

En el 2015, Cecot inició, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centro Metalúrgico inició una ofensiva legal para "evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor".

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En el 2017, el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, lo que constituyó un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes órdenes ministeriales publicadas a partir del Real Decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Supremo. Esta patronal impugnó las órdenes ministeriales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y el alto tribunal le ha dado la razón.

En la segunda de las sentencias, el Supremo obligaba al Gobierno a reintegrar al sistema gasista no solo la cuantía relativa a la importe del mantenimiento y operatividad de Enagás del 2016 (15,7 millones de euros), sino la primera cuota anual (80,6 millones) del crédito de 1.350 millones que el anterior Ejecutivo central autorizó a pagar a la concesionaria Escal UGS, y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5 millones) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre del 2014.

La tercera y la cuarta sentencias ganadas por la Cecot, continúan obligando al Gobierno a devolver al sistema gasista la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU, así como devolver la segunda (80,6 millones) y la tercera (80,6 millones) cuota anual.

Proyecto aprobado por Zapatero

La construcción del almacén de gas Castor fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de acumular reservas estratégicas. Se aprovechó un antiguo yacimiento petrolífero agotado, ubicado frente a las costas de Vinarós, pero al comenzar a inyectar gas en su interior.

Como consecuencia de ello, el Gobierno ya de Mariano Rajoy tuvo que poner en hibernación el almacén en el 2014 y, tres años después, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos después de recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.

A su vez , el Ejecutivo ordenó indemnizar a la empresa constructora, participada mayoritariamente por ACS, con 1.350 millones de euros, que los consumidores de gas pagarían en 30 años, a través de su recibo. el Tribunal Constitucional anuló esa decisión en el el 2017.