¿Por qué hay que devolver dinero a los bancos por el Castor?

Todo el mundo, incluso muchos de los antibanca, concluyen que en la demanda de Banco Santander, CaixaBank y Bankia contra el Estado para recuperar al menos los 1.350 millones de euros que aportaron para indemnizar a la sociedad concesionaria del almacén de gas Castor tenía razón. El Tribunal Supremo les ha aceptado su planteamiento. Previamente, el Consejo de Estado había urgido al Ejecutivo a que se devolviera a los bancos el dinero que habían aportado. En lo que se se suele discrepar es en que lo tenga que pagar el Estado, es decir, todos los contribuyentes, en vez de correr a cargo de la sociedad concesionaria, Escal, de la que la ACS de Florentino Pérez, era el accionista mayoritario.

En este sentido, el grupo ciudadano Caso Castor (Xnet, Observatorio de la Deuda (OdG) y Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC)) ha elaborado una proposición de ley para "hacer frente a la injusticia de que sea la ciudadanía y no Florentino Pérez y la constructora ACS quien pague la deuda en litigio. Según este movimiento, la propuesta ha sido recogida con interés por Compromís.

En todo caso, las tres entidades financieras aportaron esos recursos a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo necesitaba cumplir el compromiso legal de indemnizar a la sociedad Escal, de la que la ACS de Florentino Pérez era el principal accionista. Y, a la vez, evitar que se engordara el déficit público.

Cesión de derechos de cobro

Para sortear los números rojos en las cuentas públicas, el Gobierno endosó a Enagás, el gestor del sistema, la responsabilidad de indemnizar al concesionario de Castor. Transfirió a esa compañía de la que tiene el 5% del capital, los derechos de cobro y esta, a su vez, los cedió a los tres bancos que adelantaron el dinero.

La única forma de atraer financiadores era ofrecer un interés elevado (4,27%) para que se apuntaran entidades financieras a la puja, con lo que los 1.350 millones iniciales <strong>se iban a convertir en unos 4.700 millones de euros al cabo de 30 años años</strong>.

El almacén, que se paralizó por los seísmos que provocó en la zona sur de Catalunya y norte de Castelló, ha sido objetivo de una intensa batalla jurídica. En el 2015, la patronal vallesana Cecot inició, junto a otras organizaciones empresariales como el Consejo Intertextil Español y el Centro Metalúrgico una ofensiva legal para "evitar que los consumidores de gas, y especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasista Castor".

Fallo del Tribunal Constitucional

A finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa".

En el 2017, el<strong> Tribunal Constitucional</strong>l avaló la decisión de la Eurocámara, lo que constituyó un apoyo a las demandas de impugnación de las diferentes órdenes ministeriales publicadas a partir del Real Decreto Ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Supremo. Esta patronal impugnó las órdenes ministeriales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y el alto tribunal le ha dado la razón.

En la segunda de las sentencias, el Supremo obligaba al Gobierno a reintegrar al sistema gasista no solo la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás del 2016 (15,7 millones de euros), sino la primera cuota anual (80,6 millones) del crédito de 1.350 millones que el anterior Ejecutivo central autorizó a pagar a la concesionaria Escal UGS, y el importe en concepto de costes de mantenimiento por parte de Escal UGS (4,5 millones) entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre del 2014.

La tercera y la cuarta sentencias ganadas por la Cecot, continuaron obligando al Gobierno a devolver al sistema gasista la cuantía relativa al importe del mantenimiento y operatividad de Enagás Transporte SAU, así como devolver la segunda (80,6 millones) y la tercera (80,6 millones) cuota anual.

De Zapatero a Rajoy y Sánchez

La construcción del almacén de gas Castor fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de acumular reservas estratégicas. Se aprovechó un antiguo yacimiento petrolífero agotado, ubicado frente a las costas de Vinaroç, pero al comenzar a inyectar gas en su interior, en septiembre del.

Como consecuencia de ello, el Gobierno ya de Mariano Rajoy tuvo que poner en hibernación el almacén en el 2014 y, tres años después, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos después de recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez es el que se encuentra ahora la patata caliente de pagar las facturas de esta infraestructura fallida, de la que aún quedan pleitos pendientes. 

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