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decisión judicial

El TC anula la indemnización del almacén de gas Castor

Los magistrados admiten recursos del Parlament, el Gobierno catalán y diputados del PSC y declaran inconstitucional la norma

El alto tribunal argumenta que no había una situación de urgencia para fijar la compensación en un decreto ley

J. G. Albalat

La planta de almacenamiento de gas Castor.

La planta de almacenamiento de gas Castor. / JOAN REVILLA

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto del almacén submarino de gas Castor, cuya mayoría estaba en manos de ACS, presidida por el primer mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez. Esta compensación, ya cobrada por la compañía, se fijaba en el decreto ley de medidas "urgentes" en relación al sistema gasista que el Gobierno aprobó en el 2014. Esta cantidad, más los intereses, la iban a pagar durante 30 años los consumidores a través de la factura del gas.

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el Gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían la indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas del norte de Castellón, tras los numerosos seísmos registrados en la zona.

El alto tribunal considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista". La sentencia, de la que es ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, destaca "la necesidad de una norma con rango de ley", no de un decreto (legislación de urgencia), para atribuir nuevas obligaciones de pago a través de la factura del gas.

La resolución sostiene que "ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista" ni el hecho de que no se generara déficit para las cuentas públicas "representan auténticas razones de urgencia".

Esta situación de urgencia, recuerda el Constitucional, debería ir acompañada de una justificación de las razones por las que "la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios" como para excluir recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

El tribunal incide en que las indemnizaciones acordadas por el decreto ley "no guardan la debida conexión" con la situación de riesgo para personas, bienes y medioambiente provocada por los movimientos sísmicos en el entorno de Castor, por lo que su adopción no encuentra cobertura del artículo 86.1 de la Constitución. Es justamente este precepto que ahora el TC considera vulnerado el que faculta al Gobierno para dictar disposiciones a través de un decreto ley por razones de "extraordinaria y urgente necesidad". Los magistrados anulan los artículos 4 a 6 de la norma impugnada, así como diposiciones adicionales. 

El Ministerio de Energía ha explicado a través de un comunicado que está estudiando la sentencia del TC, pero que, "en una primera valoración", a su parecer el tribunal no declara la inconstitucionalidad de todo el decreto ley, sino solo de los artículos sobre la solución financiera adoptada y "por un motivo formal". Subraya que el Constitucional no se opone a ese "esquema financiero", sino que cuestiona que se haya regulado a través de un decreto ley. "En suma, no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido", ha insistido.

Dinero adelantado

La compañía Escal UGS, controlada en el 67% por el grupo ACS, cobró el septiembre del 2014 la indemnización de 1.350 millones de euros por el fiasco del almacén submarino de gas Castor.

El pago de la compensación por la paralización de la planta, adelantado por un grupo de bancos, fue efectuado con celeridad: un mes después de la publicación en el BOE del decreto con el que el Gobierno ordenaba el fin de los trabajos y la clausura de la instalación, y tres días antes del plazo máximo que marcaba la misma disposición.

Sumando a los 1.350 millones de euros el coste estimado de la plataforma inoperativa, su futuro desmantelamiento y los intereses bancarios durante los 30 años de pago, la cantidad desembolsada finalmente ascenderá a 3.500 millones de euros, una cantidad similar al presupuesto anual de educación de Catalunya.

En las facturas

Estos 3.500 millones corren a cargo de los consumidores de gas, que pagan esa cantidad mediante recargos en sus recibos y durante 30 años. El PP aprobó este sistema de compensación prácticamente en solitario; solo recogió el apoyo de UPN y la abstención de Foro Asturias. Todos los demás grupos votaron en contra de la medida. No obstante, el pacto inicial que establecía las condiciones de indemnización a la compañía en caso del cese de actividad fue obra del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Las inyecciones de gas natural en el gran depósito submarino frente al delta del Ebro empezaron en abril del año 2012, pero no fue hasta septiembre del 2013, al incrementarse la actividad, cuando se produjeron crisis sísmicas que arrojaron un saldo de más de 500 temblores de tierra que causaron gran alarma en las poblaciones próximas a la planta. El Ministerio de Industria y  Energía paralizó, al final, el proyecto Castor.

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