El Gobierno trasladará los costes de las renovables de la factura de la luz a las energéticas

El Gobierno trasladará el coste de las primas a las renovables que pagan los consumidores en el recibo de la luz a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos, según el anteproyecto de Ley acordado este martes en Consejo de Ministros. En concreto, cerca de 7.000 millones de euros, que formaban parte del ‘cajón de sastre’ en el que se convirtió la factura eléctrica pasarán a ser financiados por todas estas empresas comercializadoras de energía. El objetivo es reducir la cuantía del recibo, ahora uno de los más caros de Europa debido a los costes fijos, y dar «señales claras» de electrificación de la economía.

Los carburantes podrían subir 7 céntimos de euro, según las previsiones de las petroleras

No será un cambio instantáneo, sino que el Ejecutivo inició ayer el primer trámite para la creación de lo que denomina un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se nutrirá con aportaciones de las empresas suministradoras de energía en función de sus ventas, de la recaudación de los impuestos energéticos, de los ingresos de las subastas de CO2 y de los Presupuestos Generales del Estado. Una vez aprobado este mecanismo, el traslado de la partida de la factura de la luz a las energéticas será gradual en un plazo de cinco años, a razón de un 20% de esos 7.000 millones al año.

Según fuentes de Transición Ecológica, las empresas pagarán a trimestre vencido a partir de las ventas efectivas del trimestre anterior y los recursos obtenidos se dirigirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para trasladarlas a las cerca de 60.000 instalaciones renovables operativas en España. El coste, actualmente de 7.000 millones, será decreciente según pasen los años porque las renovables saldrán de este régimen a media que alcancen el final de su vida útil (25 años), pues el nuevo mecanismo de subastas no incluye primas.

Las compañías podrán trasladar el nuevo coste a sus productos, pero la factura de la luz se reducirá al menos en un 13%, según el Ejecutivo, porque aunque se traslade al recibo la cuantía que deberán asumir las eléctricas, esta solo será una parte del total, pues ahora se incluyen también a gasistas y petroleras, lo que podría hacer subir de precio a la bombona de gas o a los carburantes. «De este modo, se empezará a corregir el actual desequilibrio entre una factura eléctrica que es de las más caras de Europa debido al peso de estos costes y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media Europea», celebró el consejero delegado de Endesa, José Bogas. En la misma línea que el resto de empresas eléctricas, que llevan años reclamando una reducción de costes regulados de la factura, mientras las petroleras han criticado la medida.

Fuentes del sector petrolero han indicado que el coste de esta decisión del Ejecutivo recaerá igualmente en el consumidor, en vez de en la factura de la luz en los combustibles con un impacto de 7 céntimos de euros según la memoria económica del anteproyecto que fija una cuantía para las petroleras de 2.085 millones de euros. "Las decisiones que se han tomado para descabonizar un sector las estamos pagando entre todos, ojala esté principio se mantenga y las inversiones milmillonarias que se deben hacer en otros sectores para descabonizarse también se hagan así", apuntan.

La medida incluye exenciones y compensaciones en función de los consumidores. Así, no se tendrá en cuenta consumos que podrían tener una doble contribución como el almacenamiento o lo hidrocarburos para la generación eléctrica (se pagará cuando se produzca electricidad), el queroseno, el gasóleo para el consumo agrícola y las mezclas de biocombustibles. Las compensaciones (‘expost’) afectarán a los consumidores electrointensivos, la industria consumidora de gas y sujeta a deslocalización por riesgo de fuga de carbono y consumidores de gasoil y gasolina para usos profesionales.

Sistema de financiación

El objetivo del Gobierno es actuar para dar “señales y certidumbre al sistema en su conjunto”. En 2012, para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sistema eléctrico, se creó una palanca fiscal con cuatro impuestos –tasa del 7% a la producción de electricidad, el denominado céntimo verde que supone un 2% a los hidrocarburos, el impuesto a las nucleares y el canon por la utilización de aguas para la producción eléctrica— (cerca de 3.000 millones de euros) que ya no funcionan a pleno rendimiento, pues se basaban en demanda y precio creciente. Pero en la actualidad, se supone que la eficiencia energética hará disminuir la demanda de electricidad y el precio será inferior por las renovables.

“Si a todo ello le unimos la situación coyuntural derivada del covid 19 que ha supuesto una reducción de ingresos del sistema con una menor demanda de electricidad de pymes, el escenario es distinto y obliga a tomar medidas, porque si no hacemos nada esta recaudación supondrá un aumento de los costes fijos a los consumidores”, ha indicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. En concreto, los cargos podrían elevarse entre un 10% y un 15% para poder asumir esa caída de la demanda fruto del coronavirus.

Por ello, ha buscado una nueva forma de financiación para reducir el tamaño de una factura formada en un 35% por el consumo, en un 25% por los impuestos y en un 40% por esos costes regulados. Los costes fijos suponen alrededor de 17.000 millones de euros, de los cuales 7.000 corresponden a las redes eléctricas que se financian a través de los peajes que fija la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC). De los 10.000 millones de euros restantes, que se financian a través de los cargos establecidos por el Gobierno, alrededor de 7.000 millones de euros son costes asociados al régimen de retribución de renovables, cogeneración y residuos (la partida que se cambia), 3.000 millones corresponden a la deuda acumulada por el déficit del sistema y entre 600 y 700 millones de euros, en función del precio del petróleo, del extracoste peninsular.