Luz verde a la rebaja de la electricidad para la gran industria

Dos años después de su anuncio, el Gobierno aprueba el denominado Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un paquete de medidas dirigidas a aliviar el coste de la luz para la gran industria. El Ejecutivo compensará a los grandes consumidores hasta el 85% de los cargos, aquellos destinados a financiar a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios peninsulares, que componen una parte de la factura.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. Se trata de 90 millones de euros menos que las empresas intensivas en consumo eléctrico dejarán de pagar a partir del 1 de enero de 2021, cuando entre en vigor esta norma, que se sumarán a los más de 110 millones de euros de compensación por costes indirectos de CO2 (medida ya existente que se incluye en el Estatuto para "consolidarla"), así como la garantía (aval) del Gobierno para fomentar los contratos de la luz entre consumidores (industria) y productores (renovables) conocidos como PPAs, por sus siglas en inglés, para la cuál el Ejecutivo puso en marcha en junio un fondo específico.

La medida beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales como acero, aluminio, papel, química, azulejos y cerámica, textil o cemento y unos 300.000 trabajadores. En concreto, para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 gigabatio-hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle (el más barato) debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida. El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que se inicia a solicitud del interesado.

Este anuncio coincide con la aprobación por parte del Ejecutivo del anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico con el que se prevé trasladar los costes de las primas a las renovables (7.000 millones de euros) incluidos en la factura de la luz a las empresas energéticas. No obstante, se trata del inicio del trámite de esta norma que, aunque tramitada por vía de urgencia, no todavía debe volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y, a partir de entonces, se aplicará en un plazo gradual de cinco años, a razón de un 20% anual. Por ello, la medida de este estatuto será transitoria, hasta que no se ponga en marcha este nuevo procedimiento, cuando se desarrollará un nuevo mecanismo en el que las empresas electrointensivas tendrán una compensación adicional, pero de momento se desconoce la cuantía exacta.