El Gobierno aprueba la creación del estatuto de la industria electrointensiva

Ha sido una eterna petición de la industria electrointensiva y después del anuncio de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace unos meses de llevarlo a cabo, era cuestión de tiempo que se materializase. El Gobierno ha anunciado este viernes la creación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos en el 'Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio' que también incorpora, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la figura de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada -con un plazo máximo de seis meses para desarrollar el reglamento- y la modificación del contrato de relevo en el sector manufacturero hasta 2023 para "impulsar el empleo joven".

Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que ha desgranado las medidas de un Real Decreto-Ley que encabeza su ministerio pero en el que también han trabajado de manera intensa Transición Ecológica y Agricultura. 

Este Estatuto se trata de un "primer paso" para en el plazo de seis meses realizar el desarrollo normativo que recoja los derechos y obligaciones de este 'gran consumidor eléctrico' y que, previsiblemente, según fuentes de este medio, incluirá medidas similares a las de Francia como compensaciones o exenciones en las tarifas de acceso a redes o en los costes de renovables.

"Es una demanda que llevamos tiempo reclamando a la administración para que la industria electrointensiva española tenga el mismo tratamiento que en otros países", aseguraba en una conversación a EL PERIÓDICO Fernando Soto, secretario general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) que representa a 26 compañías con un consumo total del 11% de la demanda eléctrica. 

Maroto también confirmó que pagará a la industria electrointensiva subvenciones por compensación de los costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir del mes de diciembre con la condición de que estas empresas mantengan su actividad productiva durante los 3 años posteriores a recibir esa ayuda, así como de mantener el 85% de la plantilla en caso de despido colectivo. El Gobierno quiere, así, evitar en el futuro casos como el de 'Alcoa'.