supervisión bancaria

Héroe o traidor en el Banco de España

El organismo público y su exdirectivo despedido Jorge Pérez se ven las caras en un juzgado social de Madrid

La institución afirma que filtró información confidencial y el inspector se dice represaliado por su posición sobre Bankia

Sede del Banco de España, en la calle de Alcalá, de Madrid.

Sede del Banco de España, en la calle de Alcalá, de Madrid. / AGUSTÍN CATALÁN

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P. Allendesalazar

O un hombre valiente que ha sido represaliado por enfrentarse a sus superiores a causa de la caída de Bankia. O un empleado desleal que filtró información confidencial. El Banco de España y su exdirectivo Jorge Pérez Ramírez, a quien despidió el pasado 31 de julio, se han visto las caras este jueves en un juzgado de lo social de Madrid con dos relatos contrapuestos que vienen a resumir la polémica que durante los últimos años ha envuelto a la institución por su papel en la mayor debacle de la crisis financiera.

Pérez, que entró en el Banco de España en 1986 como inspector, llegó a ser jefe de la división de normativa contable. Desde este puesto y consultado por sus superiores, se mostró contrario en el 2010 a que las cajas que se fusionaban pudieran cargar las multimillonarias provisiones para afrontar pérdidas contra el capital en lugar de contra los resultados, raíz de muchos de los problemas posteriores, y en el 2011 se opuso a la salida a bolsa de Bankia. En ambos casos, la cúpula encabezada entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez desoyó sus advertencias. 

El inspector acabaría dimitiendo de su puesto tiempo después y fue destinado a responsabilidades menores, como la asistencia técnica a bancos centrales latinoamericanos. El pasado 6 de mayo, sin embargo, pudo desquitarse al comparecer como testigo en el juicio sobre la caída de Bankia celebrado en la Audiencia Nacional. Al contrario que la mayoría de los 17 empleados del Banco de España que le antecedieron y precedieron, Pérez negó que el folleto de la salida a bolsa reflejase la situación real de la entidad: "Lo que no puede ser es que se muestre una compañía que parece oro y se venda a precio de cobre. Esto no se sostenía. Según la información financiera del folleto, se estaba regalando a la entidad".

Represalia o teoría conspirativa

Su abogado, Antonio Bernal, ha defendido ante la jueza María del Carmen Rodrigo Saiz que esa comparecencia es la causa real de su despido: desencadenó, ha asegurado, una "confabulación del Banco de España para represaliarle". Todo lo contrario ha sostenido, como es lógico, Sergio Ponce, abogado del despacho Uría Menéndez contratado por el organismo público. Se trata, ha argumentado, de una "teoría de la conspiración", como a su juicio demuestra que ningún otro de los testigos del Banco de España en el juicio de Bankia que se desmarcaron de la versión mayoritaria, como José Antonio Casaus, haya sido cesado.

El letrado, así, ha relatado que el Banco de España abrió una investigación interna en noviembre del año pasado después de que el periodista Ernesto Ekaizer publicase un tuit con una cita de un mail interno en la que el director general de supervisión, Julio Durán, comunicaba a los miembros de su división su decisión de dimitir. El análisis de los mails permitió determinar que el tuit se había publicado unos minutos después de que Pérez se reenviase el mail de Durán desde el correo corporativo a uno personal.

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A partir de ello, la investigación se amplió y se descubrió que el directivo había intercambiado información con Ekaizer para la elaboración de un libro y con Aristóbulo de Juan, exdirector de supervisión, para la preparación de un informe pericial sobre el Banco Popular y diversos artículos. Para ello, el Banco de España contrató a una división de Deloitte especializada en el análisis de mails, que supuestamente cribó más de 47.000 correos sin mirar su contenido, un punto polémico porque otra rama del grupo, la de auditoría, está acusada en el juicio de Bankia. La institución pública sostiene que su exdirectivo cedió información confidencial, pero tanto Pérez como Ekaizer y De Juan lo han negado y han asegurado que eran datos públicos y valoraciones como experto contable. La jueza tendrá ahora unas semanas para determinar quién tiene razón.