La desastrosa salida a bolsa de Bankia llega por fin a juicio siete años después

Siete años, cuatro meses y cuatro días después de dar sonriente y con el pulgar en alto la campanada que marcaba el "gran éxito" que suponía el debut de Bankia en bolsa, Rodrigo Rato se sienta este lunes en el banquillo acusado de falsificar las cuentas del banco y de estafar a los inversores que compraron las acciones de la entidad en julio del 2011. Un peldaño más en la larga caída del otrora poderoso vicepresidente económico del Gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional, que ya está en prisión condenado a 4 años y medio por las tarjetas 'black' y afronta otras causas por sus finanzas personales. Las palabras que dijo entonces cobran hoy un nuevo sentido: "Debemos aprovechar el gran impulso que nos da esta ocasión de salir a bolsa porque es el principio de lo que tiene que llegar".

El juicio por las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia ha comenzado pasadas las 11 de la mañana, una hora más tarde de lo previsto, con una imagen no del todo frecuente: la del antiguo consejo de administración de la entidad al completo sentado en el banquillo de los acusados, con el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en primera fila.

Probablemente Rato no se podía imaginar lo que se le venía encima. Por un lado, que el Gobierno del PP, su propio partido, le obligase a dimitir en mayo del 2012 y nacionalizase la entidad posteriormente. Pero quizás aún menos que, a raíz de una querella presentada en julio del 2012 por el partido UPyD, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu iniciase una macroinvestigación que duró cinco años con 48 personas investigadas, 40 testigos, 30 entidades a las que solicitó información, y 44 acusaciones particulares y populares. La instrucción finalizó en mayo del año pasado y ahora se inicia un juicio que en principio está previsto que dure hasta finales de junio del 2019 tras 79 sesiones.

34 acusados

El juez ha sentado en el banquillo de los acusados a 30 antiguos consejeros, ejecutivos y directivos de Bankia y su matriz BFA, a estas dos entidades, y al auditor externo Francisco Celma. También a la firma a la que pertenece este último, Deloitte, que permanece en la causa como posible responsable civil, pero no penal. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Rato, pero la Confederación Intersindical del Crédito -a la que se sumó el abogado Andrés Herzog tras la debacle de UPyD- lo eleva a 12 años.

Tras la del expresidente del banco, las mayores peticiones de penas son para el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella y el exconsejero delegado Francisco Verdú. Otros 'ilustres' acusados son Arturo Fernández (expresidente de la patronal madrileña), Javier López Madrid (consejero delegado del Grupo Villar Mir), Ángel Acebes (exministro de Interior) y Estanislao Rodríguez-Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda).

Disparidad clave

La principal incertidumbre que se cierne sobre el juicio se debe a la disparidad de criterio del juez Andreu y el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. El primero, a cuya posición se han alienado la mayoría de las acusaciones populares y particulares, imputó a los 34 acusados un delito de falsedad en las cuentas anuales del banco del 2010 y el 2011, y otro delito de fraude a los inversores por los datos "falsos" incluidos en el folleto informativo de la salida a bolsa. Pero el Ministerio Público, que estará representado en la vista oral por Carmen Launa tras el ascenso de su antecesor, ha acusado solo por el segundo de estos delitos y tan solo a Rato, Olivas, Norniella y Verdú, lo mismo que ha hecho la Abogacía del Estado en nombre del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El juez, así, interpretó que los acusados "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban", apoyándose en los controvertidos informes de los dos inspectores del Banco de España que ejercieron como sus peritos. Para el fiscal, en cambio, la contabilidad "no puede calificarse materialmente de falsa en la medida en que no vulneraba la normativa entonces vigente", y ello "sin perjuicio de que la información de la salida a bolsa fuera deficiente e incompleta" y "ocultara su inviabilidad". Se trata de una diferencia relevante ya que es más habitual que las sentencias de los tribunales discrepen de las acusaciones particulares y populares que de la Fiscalía, aunque ello no presuponga que los tres magistrados presididos por Ángela Murillo vayan a dar finalmente la razón al Ministerio Público.

Responsabilidad política

En lo que sí estuvieron de acuerdo juez y fiscal es en sacar del proceso a los directivos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercados de Valores a los que Herzog quería que se juzgase, con el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la cabeza. Andreu, así, determinó que no se podía exigir a la CNMV que constatara que la información del folleto era fiable. También argumentó que el supervisor bancario no decidió la salida a bolsa, aunque no se opusiera a ella, ni participó en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.

El juez, eso sí, aprovechó para dejar una perla: la cuestión de si la decisión de salir a bolsa fue "incorrecta o errónea" podría ser "objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, más no en este (la causa judicial), al carecer de relevancia penal". Dejó de esta manera al descubierto que las responsabilidades políticas del fiasco de Bankia siguen sin resolverse.