Foment y Pimec señalan al Govern para aclarar su cuota de representatividad

El conflicto de representatividad entre las patronales catalanes cada vez apunta más hacia una única solución: que sea la Generalitat quién acabe contando que peso tiene cada organización entre el tejido empresarial de Catalunya. Ni Foment del Treball ni Pimec son tan contundentes como para afirmar en público que el acuerdo que evite ese conteo es imposible. Ambas organizaciones son conscientes que la unidad empresarial les beneficia y que coinciden en la mayoría de temas, pero el de la representatividad no es uno de ellos. Y el litigio se alarga ya casi dos décadas.

Este martes tanto Foment del Treball como Pimec han escenificado un grado más de alejamiento en ese campo. El presidente de la patronal de la gran empresa catalana, Josep Sànchez Llibre, ha hecho pública por la mañana, mientras valoraba los acuerdos de la junta directiva de febrero, su oferta: pasar del 75% de cuota entre Foment y Fepime, frente al 25% de Pimec, a un reparto 65-35.

Su homólogo de Pimec, Josep González, ha respondido por la tarde mostrando el documento que rubricó el secretario general de la anterior directiva de Foment con el actual de Pimec y en presencia del secretario general de la 'conselleria' de Treball. En este las partes aceptaban provisionalmente un reparto 50-50 hasta alcanzar un acuerdo. Si este no se producía antes del 15 de setiembre del 2018, la Generalitat debía contar. "Menos de ese 50% no vamos a aceptar, [la propuesta de Foment] es poco seria, nos molesta", ha afirmado González a preguntas de los periodistas. "Está claro que no hay acuerdo, no entendemos por qué el 'conseller' [Chakir El Homrani] no ha comenzado ya el recuento", ha añadido.

Treball citará en breve a las partes

En los próximos días el departament de Treball convocará a los secretarios generales de las organizaciones empresariales con el objetivo de resolver la situación de bloqueo de la representatividad y vista la incapacidad manifiesta de llegar a un acuerdo entre las partes, tal como han afirmado fuentes de Treball.

El departament recibió el pasado 31 de enero la última interlocutoria del Tribunal Supremo que convalida definitivamente el decreto que regula el procedimiento de determinación de la representación empresarial, tal como sostienen esas mismas fuentes.

Foment pide un cambio de criterio

Foment insiste en que la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo que insta a la Generalitat a contar la representatividad de las diferentes patronales según un decreto del 2015 no incluye de manera "objetiva" el peso del número de trabajadores por empresa y el volumen de facturación, con lo que las grandes empresas, afiliadas de Foment, se verían perjudicadas por el número de pequeñas y medianas afiliadas a Pimec. ¿Qué pasará si finalmente la Generalitat no escucha la petición de Foment y tira adelante con el recuento con los criterios vigentes actualmente? "Estamos muy tranquilos", ha declarado Sànchez Llibre por la mañana. "Otra táctica dilatoria", le ha respondido González por la tarde.

El presidente de la patronal de la gran empresa catalana ha expuesto una batería de argumentos para apoyar su petición. Sànchez Llibre ha afirmado, apoyandose en los datos de la memoria anual de Foment del 2017, que su organización representa al 70% del PIB catalán. "Si fuera así, no entiendo porque Foment se opone a iniciar el conteo", ha considerado el presidente de Pimec.

Una de las cuestiones que afectarían directamente a un cambio en las distribución de las cuotas de representatividad sería el reparto de los dos millones anuales de subvenciones públicas que reciben las organizaciones empresariales, tal como el propio Sànchez Llibre ha reconocido durante la rueda de prensa. El litigio entre Foment y Pimec se alarga desde hace casi 20 años, cuando en el 2000 se constituyó Fepime, la representante de la pequeña y mediana empresa asociada a Foment. La tarde de este mismo martes, Pimec ha convocado a sus afiliados para medir por su cuenta su representantividad dentro del tejido empresarial catalán y así presionar a la Generalitat a que efectúe el recuento que lleva meses posponiendo en pro de que las partes alcancen un acuerdo.