Desconvocada la huelga de funcionarios de este jueves en Catalunya

A menos de 24 horas de dar comienzo la huelga de funcionarios de la Generalitat de Catalunya convocada por los sindicatos CCOO y UGT, las partes han llegado a un acuerdo. El Govern retornará las pagas extras retiradas el 2013 y el 2014 en cuatro años. El pacto evita así un paro al que estaban convocados 250.000 trabajadores públicos, desde empleados de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, hasta médicos, pasando por bomberos y administrativos. Hubiera sido la segunda huelga del sector público en pocas semanas, precedida por la del sindicalismo alternativo, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

La 'fumata blanca' salió del 148 de Sepúlveda pasadas las dos del mediodía, cuando 'la Conselleria' y los sindicatos han anunciado el compromiso del Govern de retornar las pagas extras retiradas  en el 2013 y el 2014 en plazos progresivos, desde el 2019 hasta el 2022. Esta última propuesta reduce los tiempos, respecto a las precedentes, a cuatro años y enmarca la devolución en la teórica duración de la presente legislatura. Un punto clave para los sindicatos y que provocó, entre otros, el rechazo de las anteriores ofertas, que ascendían hasta ocho años.

El Govern se compromete a pagar el 40% de la paga del 2013 el año que viene y el 60% restante en el 2020. De este 40% se desgrana un primer 10% cuyo compromiso de pago es concretamente para los primeros tres meses del 2019. La correspondiente del 2014 está previsto que la retornen el 55% en el 2021 y el 45% restante en el 2022. El acuerdo también incluye una cláusula de revisión de los tiempos de retorno, que contempla "la posibilidad de reducir a tres años el terminio de retorno en función de la situación económica y presupuestaria del momento".

Pago "prioritario"

Otra de las cláusulas que incluye el acuerdo y con la que los sindicatos esperan blindarse ante futuras eventualidades es el punto cinco, que establece que el retorno de dichas pagas adquiere "carácter prioritario en el marco del cumplimiento de la ley del gasto". Es decir, ello significa que en las nuevas asignaciones presupuestarias el Govern tiene la obligación de pagar primero las pagas, junto a otras partidas también con ese "carácter prioritario", y con el monto restante planificar el resto de políticas públicas.

Tanto Govern como sindicatos han querido escenificar su satisfación tras varias horas de negociaciones, mantenidas tanto con la mediación del Departament de Treball como lejos de los focos una vez desconvocada esta. El 'conseller' Jordi Puigneró ha destacado que el acuerdo "hace posible lo que también era una voluntad del Govern".

Por su parte, el representante de CCOO, Joan Maria Sentís, se ha mostrado "satisfecho", pero no tan optimista, al afirmar que "si el país estuviera en una situación normal no hubieramos firmado". Su homóloga de UGT, Encarna Fernández, ha apuntado que ahora es momento de abrir negociaciones sobre otros temas, como las 30.000 plazas públicas prometidas por el 'conseller' al inicio de legislatura o una reducción de horas de jornada, como se está negociando en otras autonomías.

Pagas no recuperadas

Los trabajadores de la Generalitat son los únicos empleados públicos en toda España que todavía no han recuperado ni un euro de las extras retiradas correspondientes a los años 2013 y 2014. Este es uno de los "tótems", según ha reconocido el propio 'conseller' Puigneró en la rueda de prensa posterior al anuncio del acuerdo, que el Govern tenía por delante en la legislatura y con el acuerdo de este martes las partes lo dan por encarrilado. El monto total de las mismas asciende a 1.100 millones de euros.

El pacto de última hora evita así la huelga general de la función pública en Catalunya convocada para el día 12 de diciembre, pero constata el incumplimiento del acuerdo sellado con el anterior ejecutivo catalán. Este se comprometió a retornar un 10% como mínimo de la paga del 2013 antes de finalizar este 2018 y a fijar un calendario de retorno detallado para el resto. El actual Govern justificó durante los últimos meses el no cumplimiento del acuerdo debido a los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y posponía la primera devolución a tener aprobados unos nuevos presupuestos.