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garantía de ingresos

El Estado acumula más de 20 prestaciones distintas por desempleo

La veintena de subsidios no impide que haya un millón y medio de parados sin prestación

Hay familias endeudadas que renuncian a una ayuda ante la exigencia de aportar una cuenta bancaria

Rosa María Sánchez

Un grupo de personas hacen cola en una oficina de Empleo en Barcelona.

Un grupo de personas hacen cola en una oficina de Empleo en Barcelona. / RICARD CUGAT

El Estado acumula más de una veintena de prestaciones asistenciales, de alrededor de 430 euros al mes cada una, para parados que han agotado el seguro por desempleo o que no tienen derecho a él. Sin embargo aún hay alrededor de un millón y medio de desocupados sin ningún tipo de ingresos, que contribuyen a hacer de España el quinto país de la eurozona con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión, donde más ha crecido la desigualdad desde el 2010. 

El informe sobre 'El sistema de garantías de ingresos de España' publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad identifica más de 20 prestaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que sin embargo dejan importantes lagunas de población desprotegida. Este informe, dirigido por el catedrático Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos, fue realizado por imposición de la Comisión Europea al Gobierno de Mariano Rajoy pero no salió a la luz hasta octubre pasado.

En él se muestra que el sistema de prestación por desempleo evolucionó en los últimos años hacia "reducir la capacidad de protección del sistema y a incrementar sus medidas de control". El mayor de los recortes, tal vez, se produjo al subir de 52 a 55 años la edad para empezar a percibir este subsidio al tiempo que se decidió tener en cuenta los ingresos obtenidos por toda la unidad familiar (no solo los del desempleado) para endurecer el acceso a la prestación. Esta última cuestión fue declarada inconstitucional en julio pasado. 

La ayuda a parados de larga duración fue recortada durante la 'era Rajoy'

Un millón de subsidios

Los subsidios por desempleo, que en la actualidad cobran casi un millón de parados, constituyen una prestación prevista para desocupados que hayan agotado la prestación contributiva o que no hayan cotizado lo suficiente (365 días) para haberla solicitado. También está previsto para personas que regresan a España tras haber trabajado en determinados países, para quienes han salido de prisión tras haber cumplido una pena o para trabajadores del campo de Andalucía o Extremadura.

La veintena de subsidios incluye también prestaciones para mayores de 55 años o la renta activa de inserción (RAI), entre otras, además del subsidio extraordinario por desempleo (SED), la prestación de 431 euros que desde julio pasado sustituye a los programas Prepara PAE.

Todas estas prestaciones constituyen una trama compleja en la que cada una de las ayudas está prevista para un colectivo específico (por razones de edad, familiares o de circunstancias vitales), que acaba dejando fuera amplios grupos que se quedan sin protección alguna, a veces por razones absurdas. A estos solo les queda acudir a la última red de protección que representan las rentas mínimas de las comunidades autónomas

Lagunas de desprotección

En la práctica, se ha optado por una “protección segmentada” en lugar de por el “tradicional universalismo protector de las prestaciones contributivas por desempleo”, describe el informe dirigido por Ayala.

Con el sistema actual, hay parados que no pueden arriesgarse a dar un número de cuenta bancaria para solicitar un subsidio por desempleo. En hogares endeudados esto es inviable, pues existe el riesgo de que estas prestaciones, destinadas a garantizar las necesidades básicas de las familias, tengan como destino el pago de deudas pendientes.

Los subsidios priman a mayores con cargas familiares y dejan colectivos sin protección

También caen en lagunas de desprotección parados que son jóvenes emancipados o menores de 45 años (sobre todo, si no tienen responsabilidades familiares), personas que no pueden trabajar con incapacidades no reconocidas, mujeres víctimas de violencia de género sin resolución oficial, personas sin residencia legal o emigrantes retornados sin haber logrado trabajar fuera de España.

Prestación de ingresos mínimos

El responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ve en la iniciativa legislativa popular que se tramita en el Congreso de los Diputados para crear una prestación de 430 euros para todos los parados sin ingresos la solución para acabar con el vacío de cobertura del actual sistema de protección asistencial por desempleo. "De esta manera, las rentas autonómicas de inserción podrían centrarse en la exclusión social de las familias", propone.

"La prestación por desempleo necesita una reforma íntegra, para que proteja a quien de verdad lo necesite y se refuerce en cantidad y en calidad", señala la secretaria de Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera. Dentro de la reordenación del sistema de prestaciones por desempleo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su propósito de bajar a 52 años el actual subsidio de para mayores de 55 años. 

Para el representante de CEOE, Jordi García Viña, lo importante es un mayor vínculo entre prestación y búsqueda activa de empleo así como clarificar con carácter previo el mapa de ayudas "para que no haya nadie que se quede sin ayuda ni otras personas que reciban dos".

Decreto urgente para mantener las ayudas tras el 4 de enero

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ultima un decreto para prorrogar la vigencia del actual subsidio extraordinario de empleo (SED) de 430 euros para parados de larga duración, según han confirmado fuentes del diálogo social. Sin un decreto de prórroga, el SED quedaría extinguido el 4 de enero, seis meses después de su entrada en vigor (el 5 de julio) ya que la tasa de paro ya no supera el 15% de la población activa, que es la condición que fijó el Gobierno del PP para la vigencia de esta ayuda.

El subsidio extraordinario de empleo (SED) encarna el último recorte en prestaciones por desempleo de la 'era Rajoy'. Sustituyó al Plan Prepara (para parados de larga duración o con cargas familiares) y al Programa de Activación para el Empleo (PAE) con el objetivo de recortar la duración de la prestación de 430 euros y ponerle fecha de caducidad, a partir del momento en que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%

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Temas: UGT CCOO Paro Pobreza