11 ago 2020

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LUCHA CONTRAR LA DESIGUALDAD

Sánchez saca del cajón un informe sobre pobreza que congeló Rajoy

El Ministerio de Sanidad publica un amplio estudio financiado por la UE que denuncia la escasa protección a las familias

El texto plantea aumentar la dotación presupuestaria para dar apoyo a hogares y trabajadores pobres

ROSA MARÍA SÁNCHEZ

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en una imagen de archivo de una comparecencia en el Congreso desde su anterior cargo como Comisionada para la Pobreza Infantil 

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en una imagen de archivo de una comparecencia en el Congreso desde su anterior cargo como Comisionada para la Pobreza Infantil  / CHEMA MOYA (EFE)

Después de sucesivos informes tirando de las orejas al Estado español por el bajo nivel de protección a las familias en situación de pobreza, la Comisión Europea acordó con el Gobierno de Mariano Rajoy financiar un ambicioso estudio, capaz de involucrar a todas las administraciones, con el fin de poder revisar después en profundidad el insuficiente sistema de garantía de ingresos mínimos en España. 

El informe, dotado con una subvención de 251.142 euros, fue elaborado por catedráticos y profesores de las universidades Rey Juan Carlos, de Alcalá y de Navarra a lo largo de casi dos años y fue entregado al Ministerio de Sanidad en diciembre del 2016, adonde acababa de llegar la ministra Dolors Montserrat. Desde entonces el trabajo ha permanecido en un cajón, para desesperación de sus autores y de las propias instituciones europeas que exigían al Gobierno español la publicación del informe financiado con dinero comunitario para su debate público, según relatan algunos de los protagonistas del proceso. 

Al cabo de dos años, el informe ha sido sacado del cajón y desde hace un mes aparece de forma completa en la página web del Ministerio de Sanidad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, cuyo acuerdo con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, incluye desarrollar un ingreso mínimo vital, empezando por aumentar la prestación por hijo a cargo en las familias vulnerables desde los 291 euros al año actuales a 473 euros en el 2019. 

En contra de esta interpretación sobre el posible ninguneo del informe, fuentes del equipo de la exministra Montserrat relatan que a finales de febrero del 2018 la página web del Ministerio ya publicó las conclusiones del documento, entendiendo que el compromiso con la CE solo afectaba a esa parte del estudio. Admiten que el 7 de junio se recibió en el Ministerio de Sanidad un escrito de la Comisión Europea instando a la publicación completa del informe, pero estas fuentes no vieron en ello un aviso fruto del retraso. “Al principio solo nos pidieron publicar las conclusiones y lo hicimos en febrero. Luego, pidieron al Ministerio el informe completo, pero ya habíamos salido del Gobierno”, relatan.  

Hace falta más dinero

Las conclusiones del informe no eran muy halagüeñas para el Gobierno anterior. “En el caso de España, las bajas cuantías, los problemas de cobertura de la población vulnerable y, sobre todo, la ausencia de una última red de seguridad económica equiparable a la de la mayoría de países europeos, causaron que la pobreza, que ya era superior a la media antes de la crisis, creciera más que en la mayoría de países de la Unión Europea”, se afirma en el informe dirigido por el catedrático Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos.

Las costuras de un sistema defectuoso estallaron definitivamente con la crisis. El número total de prestaciones asistenciales (no contributivas) para personas sin empleo y hogares sin ingresos pasó de 4 a 6 millones entre el 2008 y el 2015. La cifra de gasto casi se duplicó en dos años hasta alcanzar su máximo histórico en 2010 (cerca de 22.000 millones), sin llegar por ello a los niveles europeos. Luego empezó a bajar por efecto de los recortes. 

En el mapa del gasto asistencial, no contributivo, más de un tercio se destina al complemento de mínimos de las pensiones y una cuarta parte, a las diferentes formas de subsidio de desempleo. El resto incluye prestaciones por hijo (7%), por invalidez y jubilación (11,8%), la renta activa de inserción (6,41%) o las rentas mínimas de inserción de las autonomías (6,7% del gasto total)..

El informe constituye un ingente mapa de datos sobre las numerosas, insuficientes y muchas veces descordinadas prestaciones asistenciales (no contributivas) existentes en España; su limitada eficacia para sacar a las famlias de la pobreza; la diferencia entre autonomías, el perfil de los percpetores o la relación entre estas ayudas y la incorporación al mercado laboral. Muchos de estos datos, actualizados, están siendo aprovechados ahora por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a pocas semanas de presentar en el Congreso de los Diputados su evaluación sobre lo que costaría implantar en España la prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social prevista en la proposición de ley que debate el Parlamento por una iniciativa legislativa popular impulsada por UGT y CCOO.

Trabajadores pobres

Los expertos del llamado 'informe Progress'sugieren atender la nueva categoría de trabajadores pobres surgida de la precariedad laboral. Apuntan a “la introducción de complementos monetarios para los trabajadores con bajos salarios y apoyos para encontrar empleos que garanticen la emancipación de las prestaciones económicas complementarias”, dentro de un sistema en el que se evite el aprovechamiento de estas ayudas por parte de los empresarios para rebajar los costes salariales o el desincentivo del beneficiario a buscar un empleo.

La ayuda media para hogares pobres roza los 700 euros

Las rentas de mínimas de inserción de las autonomías constituyen el único instrumento de protección general frente al riesgo de pobreza. Cada comunidad tiene su propio sistema de ayudas y varía el público al que se dirigen, las condiciones de acceso, su duración y su cuantía. 

En el 2016 estas prestaciones llegaron a 314.562 titulares y a un total de 782.806 personas en esos hogares, con un gasto total de 1.483 millones y una prestación media de 434,05 euros por titular y de 702,52 euros por unidad familiar. 

En el 2016 el umbral de pobreza se situó en 710 euros por persona y en 1.436 euros para una familia con dos hijos. En estes último caso, en promedio, la renta mínima autonómica no llega a cubrir ni el 50% del umbral de pobreza.

La Rioja despunta como la comunidad con menor nivel de cobertura respecto del umbral de pobreza, debajo de países como Rumanía. En el otro extremo, el País Vasco se sitúa cerca de Reino UnidoIrlanda Dinamarca.