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Montoro sugiere que no piensa dimitir por la amnistía fiscal

"La situación era extrema y la responsabilidad de gobernar conlleva hacer cosas aunque no te gusten", afirma el ministro de Hacienda

Agustí Sala

 

  / CARLOS MONTAÑÉS

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no piensa dimitir tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la amnistía fiscal del 2012, aprobada por el Gobierno del PP. Antes de participar en la asamblea general de la patronal catalana Foment del Treball en Barcelona, Montoro ha admitido que sentía "concernido", no desautorizado, por la sentencia del Tribunal Constitucional y por eso acudirá al Congreso a hacer sus valoraciones.

A su vez ha aprovechado para lanzar un obús a la Generalitat al afirmar que es en el Parlamento donde hay que ir "a dar explicaciones", que es lo "que debería hacer también el 'president Carles Puigdemont'" en relación al procés que ha desembocado con el anuncio de un reférendum el próximo 1 de octubre.

Aunque no ha rechazado explícitamente que fuera a dimitir, a tenor de sus explicaciones, ha sido el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que le acompañaba en su visita a la patronal, quien con una sonrisa en los labios lo ha dejado claro: "Va a ser que no".

"Que el PSOE pida mi dimisión no es una novedad. Informativamente, no creo que a ninguno de ustedes les llame la atención. No sé qué número de ocasiones ha pedido mi dimisión", ha señalado, por su parte, Montoro, respecto a la posición socialista.

Y, con respecto a la medida que acordó hace cinco años para aflorar rentas ocultas, se ha referido de nuevo a la situación en la que se encontraba España, a las puertas de un rescate. En esta línea ha insistido en que la crisis del país por aquel entonces era tan "profunda" que "podía haber perjudicado la existencia misma de la zona euro".

RESPONSABILIDADES DE GOBIERNO

Es por todo ello que ha defendido la regularización especial que se acordó, como algo inevitable. "La vida es como es y las responsabilidades de Gobierno llevan a tener que hacer cosas aunque no te gusten", ha sentenciado.

También en esas fechas subieron los impuestos, especialmente el IRPF. Era "una situación límite", ha insistido, y luego ha recrodado que, posteriormente, en cuanto las finanzas públicas mejoraron, los bajaron, aunque no hasta los niveles precrisis. Ante ese escenario, ha añadido, el Gobierno se vio obligado a tomar medidas "que a ninguno nos gusta tener que tomar".

El ministro ha insistido en que será en la comisión de Hacienda del Congreso donde valorará ampliamente el fallo del Tribunal Constitucional. Ante la pregunta de si serían posibles nuevas amnistías fiscales en el futuro ha sido tajante: "Se trata de no tener nunca más necesidad de ello", gracias al crecimiento económico y la mejora de las finanzas públicas.

A su vez ha defendido las medidas que, también en la pasada legislatura, tra el periodo de amnistía fiscal, tomó el Gobierno del PP, como la obligación de declarar los bienes que se tienen en otros países. "Es muy positivo que todos los contribuyentes que tengan bienes y derechos en el exterior los tengan correctamente declarados a la Hacienda Pública. Eso lo podremos contrastar el año que viene", ha precisado.

Con su decisión, el Tribunal Constitucional avaló el recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados en junio del 2012, el mimso ejercicio en el que entró en vigor esta medida de regularización especial.

De todas formas, el fallo constituye sobretodo un varapalo político y moral ya que no tendrá apenas consecuencias prácticas sobre los alrededor de 30.000 contribuyentes que se acogieron a aquella amnistía siempre que las regularizaciones sean firmes. En todo caso genera dudas ante la posibilidad de que puedan haber nuevas regularizaciones especiales en el futuro.

La mayoría de la oposición exigió la dimisión de Montoro. El Gobierno, por su parte, defendió su gestión  y la regularización especial e incluso afirmó que fue una medida que contribuyó a evitar el rescate de España, sedgún el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

Con la aministía fiscal apenas se ingresaron la mitad de los 2.500 millones de euros previstos.

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