Esperando al Montoro feroz

Había una vez tres comunidades autónomas que crearon un impuesto sobre los depósitos bancarios. Extremadura, Canarias y Andalucía se inventaron en el 2012 un tributo sobre la banca para lograr más ingresos. Catalunya también lo hizo, pero un poco después que las demás.

Sucedió que al Gobierno del PP no le gustó esta medida. Y para desactivarlo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se inventó un impuesto igual de ámbito estatal (con primacía sobre los autonómicos) al que le puso un tipo de gravamen cercano a cero (0,03%) con el compromiso de distribuir la recaudación entre todas las autonomías. Hacienda tuvo que compensar por su atropello, con 275 millones, a las tres comunidades que habían puesto en marcha el impuesto antes que el Estado (no a Catalunya, que se retrasó), pero neutralizó la iniciativa y le puso límite con el argumento de salvaguardar la unidad de mercado.

Por el número de sus protagonistas esta historia evoca el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz y puede volver a repetirse este año con ocasión de la entrada en vigor del impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas de la Generalitat.

El Govern incorporó la creación de este impuesto en su proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos, que resultó definitivamente aprobada en marzo y que estrenará efectos prácticos a partir del 1 de mayo.

En medio de esta iniciativa catalana, en el documento ‘Actualización del Plan Presupuestario 2017’ que el Gobierno remitió en diciembre a la Comisión Europea, el Ejecutivo incluyó su compromiso de crear un tributo sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas para recaudar 200 millones de euros. Cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Presupuestos del 2017, el 31 de marzo pasado, Montoro mostró sus cartas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro explicó el Gobierno no estaba "desarrollando" la creación de este nuevo tributo estatal, y que antes que eso había que "estudiar la viabilidad del mismo". Se refirió, sin embargo a la "preocupación" que le había mostrado la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) por la posible implantación de este tributo en algunas autonomías y por el riesgo de "ruptura del mercado interior".

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Ante esta problemática, Montoro puso sobre la mesa la posible creación de un impuesto de ámbito estatal sobre este hecho imponible, "pero no sería para recaudar", dijo, sino que tendría una finalidad "de ordenamiento" a favor de la unidad de mercado.

La estrategia sería la misma que la empleada con el impuesto sobre los depósitos bancarios: se crea un impuesto estatal con un tipo fiscal ínfimo, se anulan los tributos previos autonómicos, se compensa a las comunidades que ya lo hayan puesto en marcha (Catalunya) y la iniciativa queda neutralizada. Queda por ver si hasta que el Gobierno plasme su estrategia en un proyecto de normativa legal alguna otra comunidad se subirá al carro de Catalunya para luego exigir compensación.