El Gobierno da cinco años a las empresas para asumir la reforma fiscal

Las empresas tendrán cinco años para asumir en sus cuentas el impacto de una de las novedades que más les afecta de la última reforma fiscal del Gobierno, aprobada a finales del año pasado: la eliminación de la deducción que les permitía pagar menos impuestos en caso de tener una participación en otra compañía que hubiera perdido valor o acarreara pérdidas. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, va a permitir que las compañías tengan cinco años para pasar este efecto por su cuenta de resultados, según ha anunciado este martes fuentes del departamento dirigido por Luis de Guindos.

La norma fiscal diseñada por el Ministerio de Hacienda para reducir el déficit del Estado determinó que las pérdidas pasadas por deterioro de las participaciones en empresas deben dejar de ser deducibles en el pago del impuesto de sociedades a un ritmo de un quinto al año durante el periodo 2016-2020. Es decir, que cada año pagarán más impuesto por ese concepto. Pero ello había generado en las empresas la duda de si tenían que reconocer de una vez en las cuentas del 2016 el impacto de ese mayor pago de impuesto durante los cinco ejercicios o podían ir reconociéndolo año a año. El ICAC les ha permitido esta segunda opción.

Este punto de la reforma fiscal  es aplicable para participaciones a partir del 5% del capital o de una valoración de más de 20 millones de euros. Durante la crisis, muchas participaciones empresariales de las grandes firmas de Ibex 35 han perdido valor. Es el caso, por ejemplo, de las participaciones que tiene CaixaBank en Telefónica o Repsol o las que tienen los bancos como el Santander o el BBVA en el exterior.

La letra pequeña del decreto puso en pie de guerra a los pesos pesados del Ibex 35, que consideran que la medida del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era «cambiar las reglas del juego en mitad del partido». La norma, además, supuso un incentivo para que algunas empresas vediesen participaciones que no consideraban estratégicas antes del cierre del 2016. 

 A los pocos días de conocerse el decreto del Gobierno, el Banc Sabadell vendió su participación del 4% en la entidad financiera lusa BCP que tenía desde el año 2000 por un importe de 40 millones de euros. Fuentes del Sabadell han reconocido que la venta se decidió a raíz del decreto de Montoro. Tres días después, Unicaja anunció la venta del 0,51% de Iberdrola por los mismos motivos, por un total de 192 millones de euros.