EXPECTATIVAS AL ALZA

El sector del ladrillo prevé siete años de expansión si la política no lo evita

Las empresas claman contra la «berrea electoral» y unas leyes urbanísticas que favorecen la corrupción

Edificio 'Cornerstone', en el 22@, vendido por Benson Elliot a UBS.

Edificio 'Cornerstone', en el 22@, vendido por Benson Elliot a UBS.

P. ALLENDESALAZAR / MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sector inmobiliario está en plena recuperación y prevé disfrutar de un ciclo de expansión que podría durar entre tres y siete años, según lo bien o mal que se gestione. Pero para evitar que este crecimiento se acorte o incluso frene, demanda al Gobierno una reforma profunda de las leyes urbanísticas para evitar que haya 17 normativas autonómicas y que el sistema actual siga favoreciendo la corrupción.

Este es el principal mensaje planteado ayer por Julián Cabanillas, consejero delegado de Servihabitat, Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties, y Juan Velayos, consejero delegado de Neinor Homes, en un encuentro organizado por Europa Press. «Nos puede hacer descarrilar el riesgo político, que nos hemos autointroducido. Somos así, nos ha dado por ponernos chinas en el zapato de la recuperación de forma doble», lamentó Clemente en relación a Catalunya y, sobre todo, a la «berrea electoral» previa a las elecciones generales y a la posible parálisis de las reformas en función de su resultado.

Los ejecutivos señalaron la regulación como el principal problema del sector. «Hay falta de transparencia porque hay unos señores con una capacidad de decisión altísima», apuntó Velayos respecto a los responsables de las políticas de urbanismo, un poder excesivo que, denunció, favorece la corrupción. «Debe ser herencia del franquismo, pero hay parte del sector privado que hace negocios por y para el sector público. El objetivo debe ser que en España no se hagan negocios al abrigo del BOE», abundó Clemente.

Cabanillas también denunció las normas que ponen en cuestión la propiedad y recuperación de los activos inmobiliarios de los bancos para paliar problemas sociales, como las que obligan a negociar un alquiler social con el hipotecado que no puede pagar. «Todos tenemos sensibilidad social, pero los servicios sociales no deberían ser una responsabilidad mía. Además refrenan mis inversiones», sostuvo.

NUEVA BONANZA

Los directivos auguraron cuatro o cinco años de mucho negocio y movimientos corporativos, con fusiones, compras y otras operaciones similares. El mercado de oficinas, centros logísticos y centro comerciales ya está mejorando de forma notable, mientras que el residencial también está en auge aunque con algo más de retraso.

Pese a ello, negaron que se esté generando una nueva burbuja. Los bancos, destacaron, no están financiando más del 50% o el 60% del valor de los inmuebles, en lugar del 90% de la época precrisis, y no apoyan a los promotores con condiciones como las de los años de bonanza, y por el lado de la demanda las rentas no se han recuperado como para que la petición de pisos suponga un peligro para la estabilidad del sistema.

Las únicas excepciones, puntualizaron los ejecutivo, se producen cuando los promotores desarrollan el suelo de los propios bancos o las entidades conceden una hipoteca para que el cliente compre uno de los pisos que tienen en balance. En esos casos si ofrecen condiciones ventajosas, pero son los menos.