Mancomunar, ahorrar, invertir

Acuciado por las presiones de la Unión Europea (UE) para que encauzara de una vez por todas el déficit público del Reino de España, el Gobierno de Mariano Rajoy hubo de improvisar hace tres años un recorte mayúsculo de la Administración que, aparte de recentralizar competencias, se ensañaba en particular con las entidades locales. La llamada reforma local, con la que el Estado pretendía ahorrar al erario cerca de 8.000 millones de euros al año, hubo de ser cepillada durante su tramitación parlamentaria, y aun así fue impugnada por 3.000 ayuntamientos (más de un tercio del total) ante el Tribunal Constitucional. Qué quedó de la cuantiosa reducción del gasto anunciada por el Ejecutivo es un secreto que, en aras de la necesaria rendición de cuentas, tarde o temprano habrá que desentrañar.

De acuerdo con el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas -fechado en julio del 2014; el que debería haberse difundido el pasado enero todavía se guarda a buen recaudo en el despacho de algún ministerio-, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares suman 566.260 empleados públicos, solo el 6,8% menos que en enero del 2012, cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Puesto que el número de funcionarios de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas ha descendido en un porcentaje similar, resulta obvio que el anunciado adelgazamiento administrativo ha quedado en bien poca cosa. Por fortuna, cabría añadir, puesto que la tasa de paro ya es lo suficientemente escandalosa como para que encima las administraciones se esfuercen en engrosarla.

Y eso que, aunque precipitada, mal diseñada y peor negociada, la reforma local del PP partía de una premisa correcta: muchos municipios, y en especial los de menor tamaño, invierten demasiados recursos públicos en prestar servicios que, por un criterio elemental de economía de escala, les saldría más barato mancomunar. Desde la recogida de basuras al tratamiento de residuos, desde el cuidado del medio ambiente al transporte, hay un sinfín de funciones mancomunables, en línea con la tarea que prestan muchas diputaciones y entidades como la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB). En lugar de suprimir ayuntamientos, eliminar contratas públicas de montantes desorbitados. Pero no tanto para reducir el gasto como para redistribuirlo, mejorando los servicios básicos e invirtiendo en iniciativas que permitan generar riqueza y empleos en cada uno de los municipios.