Bruselas quiere poner coto al "salvaje oeste" del mercado de derivados

La Comisión Europea ha propuesto hoy dos nuevas normativas para regular los descontrolados mercados de productos financieros derivados y las operacaciones ultra especulativas de las ventas a corto con títulos prestados y de las permutas de riesgo de crédito, más conocidas como CDS (Credit Default Swaps).

La reforma, reclamada desde hace meses por Alemania y Francia, tiene como primer objetivo introducir un poco de transparencia en las oscuras y cada vez más voluminosas operaciones que se realizan fueran de los mercados de valores, cuyo volumen ascendía a finales del 2009 a la astronómica cifra de 615 billones de dólares (unos 475 billones de euros al cambio actual).

Estas masivas operaciones fuera del mercado (OTC, Out of the Counter, en la nomenclatura financiera) y las operaciones especulativas con ventas a corto multiplicaron la gravedad de la crisis financiera iniciada en el 2008, mientras que la especulación con las permutas de riesgo de crédito (CDS) sobre la deuda pública europea agravó la reciente crisis financiera griega y de la zona euro.

Impacto en la vida cotidiana

"Ningún mercado financiero puede permitirse el lujo de seguir siendo como el salvaje oeste", ha señalado el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, al presentar sus propuestas. "Los productos derivados negociados fuera del mercado tienen un enorme impacto sobre la economía real y su influencia abarca desde las hipotecas hasta el precio de los alimentos", ha añadido Barnier.

Un producto financiero derivado es un contrato entre las dos partes vinculado al valor o la situación futuro de un tipo de interés, del valor de una moneda, del precio de una materia prima o a la posible quiebra de un deudor. La nueva normativa exigirá que los datos básicos de esos contratos deberán notificarse en la Unión Europea (UE) en unos registros centrales, a los que tendrán acceso los reguladores nacionales y europeos. Este mecanismo debería permitir detectar en una fase temprana una posible acumulación de riesgos.

Las ventas a corto son operaciones especulativas que generán sustanciales beneficios hundiendo la cotización de valores que no se poseen y que se han tomado prestados para comprarlos al final a un precio más barato.

Obligación

La propuesta de la Comisión Europea es muy tímida y se basa en obligar a los especuladores a comunicar a los reguladores sus posiciones cuando superan el 0,2% del capital de la empresa y a hacer público en el mercado a partir del 0,5%. En el caso de la deuda pública soberana, las posiciones solo se comunicarán a los reguladores.

Barnier ha asegurado que con esta información los reguladores nacionales y europeos podrán restringir o prohibir temporalmente este tipo de operaciones si constituyen un riesgo para la estabilidad financiera. La propuesta de la Comisión Europea sigue permitiendo las ventas a corto descubiertas o desnudas, cuando el especulador ni siquiera ha tomado prestado el título con el que especula. El nuevo reglamento autoriza esa operación con la condición de que haya llegado a un acuerdo con un tercero con vistas a encontrar y reservar dicho título para su préstamo y para que pueda entregarlo cuatro días después de la transacción.

Operaciones con deuda

El proyecto de normativa tampoco prohibe la especulación con permutas de riesgo (CDS) descubiertos o desnudos, es decir, que su propietario no tenga ningún título del riesgo que cubre ese contrato (deuda, acciones). Este tipo de CDS hundió la cotización de la deuda pública española, griega y de otros países europeos durante la primera mitad del año mediante operaciones especulativas que hicieron subir el coste de la cobertura del riesgo artificialmente, sin que ninguno de sus titulares tuviera ningún riesgo que cubrir, ni ninguna de las deudas soberanas sobre las que especulaban.

Barnier considera que con la notificación a los reguladores de las tomas de posición significativa de estos especuladores las autoridades nacionales y europeas dispondrán de suficiente margen para intervenir si causan desordenes en el mercado financiero. Los proyectos de los dos reglamentos serán ahora discutidos por los Veintisiete en el Consejo de Ministros de la UE y por el Parlamento Europeo para su aprobación. Barnier confía que las nuevas normativas puedan estar en vigor en el 2012.