Barcelona ultima la anulación de 140.000 multas a conductores por la sentencia contra la ZBE

Barcelona digiere los efectos de la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al mismo tiempo que Catalunya se prepara para expandirlas a partir de 2026, con restricciones hasta ahora inéditas a los vehículos con etiqueta amarilla. El Tribunal Supremo ratificó en noviembre pasado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que deroga la primera ordenanza que reguló en 2020 el veto a los modelos sin pegatina 0 Emisiones, Eco, C o B en la capital. La norma ya fue sustituida por otra en febrero de 2023, por lo que el fallo no disipa las limitaciones a la circulación. No obstante, sí tiene repercusiones económicas. A causa del varapalo judicial, el Ayuntamiento ultima una resolución por la que anulará unas 140.000 multas que nunca ha llegado a percibir de conductores acusados de violar el área protegida.  

El gobierno municipal ha concluido que la sentencia le obliga a renunciar al cobro del 42% de las sanciones cursadas durante los primeros tres años de ZBE. El ejecutivo concreta que dejará de ingresar 20,1 millones de euros al revertirse los castigos tramitados bajo la ordenanza abolida. La suma se circunscribe a multas que no se abonaron, ya fuera porque no se declararon firmes al ser impugnadas o, simplemente, porque nunca se costearon ni se forzó el desembolso mediante un embargo efectivo antes de que el Supremo resolviera el pleito.

A raíz del fallo, el Ayuntamiento reconoció que 143.394 multas pendientes de pago o recurridas eran susceptibles de ser canceladas. Calculaba que, como mucho, dejaría de obtener 20,2 millones de euros a resultas del revés judicial. Las estimaciones se han acabado cumpliendo casi al dedillo. A partir de los próximos días, apenas quedarán denuncias levantadas hace más de un año que el consistorio siga reclamando que se salden. 

Decreto inminente

El gobierno del alcalde Jaume Collboni explica que ha efectuado los trámites para revocar las amonestaciones de enero de 2020 a febrero de 2023 que siguen en deuda. Solo falta que los diarios oficiales difundan el decreto que las deja sin efecto. “Se anularán en el momento en que se produzca esta publicación”, indica. Aparte, ha devuelto dinero embargado por castigos recurridos. Es el caso de una pequeña empresa de reformas, que ha recobrado 11.185,36 euros por 46 multas por las que litigaba con el Ayuntamiento.

En cambio, el ejecutivo municipal no revierte las demás sanciones basadas en la normativa fulminada y que sí se sufragaron. Aduce que carecen de razón las alegaciones que se puedan interponer tras el fallo de Supremo, con la pretensión de recuperar cuantías ya satisfechas. El consistorio defiende que se trata de actos firmes y, por lo tanto, sin vuelta de hoja. 

De esa interpretación discrepan las organizaciones que apelaron contra el reglamento primigenio de las limitaciones al tráfico. Defienden que son nulas la totalidad de las multas rubricadas con la norma que el Supremo liquidó. En consecuencia, instan al Ayuntamiento a reintegrar las cantidades que llegó a ingresar en los tres primeros años en que la circulación quedó prohibida entre las 07.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes para los modelos tachados de ser los más contaminantes.

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La Plataforma de Afectados por Restricciones Circulatorias ha animado a sus asociados a acudir al juzgado para exigir la devolución de los importes. Por su parte, patronales del transporte de mercancías se han planteado presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial para que se compense a los profesionales sancionados.

El Ayuntamiento tiene documentadas unas 328.000 multas expedidas mientras la primera regulación de la ZBE estuvo vigente, equivalentes a 35 millones de euros. Del total, recaudó 10,5 millones por 127.000 sanciones. Aparte de los que ahora decaen, se invalidaron 58.000 castigos por valor de otros 10,5 millones de euros, antes de que el Supremo se posicionara.

De los datos se desprende que el consistorio se habrá embolsado menos de una tercera parte de las amonestaciones dictadas durante el primer trienio de restricciones a conductores que se desplazaron presuntamente sin pegatina ambiental por el terreno vedado en la ciudad. Es decir, toda la superficie de Barcelona excepto las rondas, la Zona Franca y los barrios de Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes.

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