Qué es y cómo funciona una cuestión de confianza como la que Collboni ha activado en Barcelona

Jaume Collboni se ha sometido este miércoles a un debate en el Ayuntamiento de Barcelona en el que la mayoría de los partidos -todos salvo el PSC y ERC- ha negado conceder un aval a su gestión como alcalde. De haberlo obtenido, se habrían aprobado los primeros presupuestos que el socialista firma en su mandato y que se le resisten desde el octubre pasado.

En plena Semana Santa, resulta obvio que las cuentas municipales -la piedra de toque de la fortaleza de todo gobierno- atraviesan un particular Via Crucis en la capital. En todo caso, Collboni no llegará al martirio de la crucifixión: aunque la derrota puntual de este miércoles constata la debilidad del ejecutivo en minoría del PSC, los socialistas han despejado el camino para que el presupuesto entre en vigor el 2 de mayo, cuando se agota el resorte que han activado para que la oposición plantee un candidato que derroque a Collboni, una hipótesis imposible a todas luces.

La cuenta atrás finalizará dentro de 30 días hábiles y es efecto de la cuestión de confianza que el socialista ha planteado. Se trata de un mecanismo excepcional regulado por una ley orgánica del Estado, la de régimen electoral, que da opción a los gobiernos municipales a someter el apoyo del alcalde a votación y supeditar al resultado la aprobación o la modificación de algunas medidas cruciales para todo ayuntamiento. La normativa permite que la cuestión de confianza vaya ligada a ratificar los presupuestos municipales, el reglamento orgánico del consistorio, las ordenanzas fiscales o la tramitación de instrumentos del planeamiento general urbanístico.

La condición para presentar la cuestión de confianza es que el acuerdo haya sido ya debatido antes en el pleno municipal y sin que se refrendara por falta de mayoría. La ley establece que el edil que no revalide la mayoría con el envite para ratificar la medida "cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle".

Existe una excepción por la que una votación que se salde en fracaso para el alcalde no conlleva que sea destituido de inmediato. Es en caso de que el gobierno local se valga del mecanismo para dirimir la suerte del borrador del presupuesto. Es el supuesto en que Collboni se encuentra, igual que Xavier Trias en 2014 y Ada Colau en 2017 y 2018, cuando recurrieron al mismo mecanismo extraordinario para desencallar las previsiones de ingresos y gastos municipales.

En los tres precedentes de la última década, el pleno desestimó dar sostén a la Alcaldía. Trias y Colau perdieron aquellas votaciones, igual que Collboni esta mañana, pero a la postre tomaron aire y lograron que las cuentas prosperaran un mes más tarde, al no postularse un aspirante con aliados suficientes para desbancarlos. Es la misma estratagema que el socialista repite ahora.

Un revés circunstancial

La ley de régimen electoral viene a clarificar que el revés del pleno a Collboni es tan solo circunstancial y acabará tornándose en triunfo para el alcalde si no se articula una mayoría para relevarlo en las próximas semanas. Se da por descontado que es imposible un pacto de las demás fuerzas, antagónicas y sin una aritmética viable para sondear una alternativa de gobierno. "Se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera", dispone la norma.

A la espera de ver si fructifica la oferta que ha lanzado para incorporar a otras formaciones a su gabinete, Collboni no puede acudir al amparo de la cuestión de confianza como si de un comodín ilimitado se tratase para aliviar la minoría en que se halla. La ley es clara al indicar que "cada alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contando desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo". Es decir, el socialista no puede volver a apretar el mismo botón hasta 2025 si el proyecto presupuestario del año que viene también embarranca.

De hacerlo así, agotaría el último as que le queda y que no se puede guardar para el final del cuatrienio antes de las próximas municipales, previstas para la primavera de 2027. "No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato", aclara la norma.

La ley orgánica también marca que los ediles que hayan otorgado su confianza en la votación resuelta a viva voz "no podrán firmar una moción de censura contra el alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses". En el caso de Barcelona, eso incluye a los nueve compañeros de filas del PSC de Collboni y a los cinco concejales de ERC, potenciales próximos integrantes del ejecutivo que los socialistas dirigen hasta ahora en soledad.