El PSC evita pedir el traspaso de las sedes del Estado en Barcelona en medio de la investidura de Sánchez

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha evitado este miércoles reclamar que la comisaría de Via Laietana y otros bienes del Estado se cedan al Ayuntamiento de Barcelona, en medio de una jornada marcada por la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. Barcelona en Comú -miembro de Sumar, socio de gobierno del PSOE- ha presentado una propuesta en la comisión de economía del consistorio en que ha pedido que la sede de la Policía Nacional se ceda a la ciudad, así como más propiedades del Gobierno y otras en manos de la Generalitat. 

Pese a que el PSC ha votado en contra, ha prosperado la proposición de los comunes, que aboga por crear una mesa de seguimiento sobre la cesión de edificios de otras administraciones públicas al Ayuntamiento. Bcomú ha cosechado los apoyos de ERC y Junts, mientras que los socialistas se han opuesto con el PP y Vox.

La jefatura policial ha sido objeto de debate en los últimos años y de numerosas iniciativas -también en el Congreso- para convertirse en un museo que rememore las torturas cometidas contra opositores políticos durante el franquismo. “Debería ser el memorial más importante de reconocimiento a las víctimas que pasaron por allí durante la dictadura”, ha vuelto a defender el concejal Jordi Martí (Bcomú). Aparte de la comisaría, los comunes sugieren que el cuartel del Bruc, el solar de los antiguos juzgados, el Banco de España, el palacio de la aduana, la vieja tesorería de la Seguridad Social y el Palau Montaner -sede de la Delegación del Gobierno- pasen a ser municipales.

Acuerdo PSOE-ERC

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls (PSC), ha discutido el planteamiento de Bcomú. Lo ha juzgado como una interpretación aventurada del acuerdo entre PSOE y ERC para que Sánchez revalide el cargo de presidente del Gobierno. “El acuerdo que firmaron es constituir una comisión entre la Generalitat y el Gobierno para estudiar la situación de los inmuebles de titularidad del Estado”, ha replicado el socialista. Ha rogado esperar en todo caso a que se forme el nuevo ejecutivo de coalición en Madrid.

“Lo que no podemos hacer es, cuando aún no ha acabado la investidura, interpretar que el acuerdo habla de una cesión de bienes, cuando no dice eso”, ha opuesto Valls. El teniente de alcalde ha recalcado que la comisión entre el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona no se ha reunido desde 2011, para añadir a continuación que confía en que se convoque antes de que acabe 2023. Ha asegurado que el traspaso de propiedades a la ciudad se debatirá en la cumbre.

“Una vez que esa mesa esté constituida, no hay problema por parte del Ayuntamiento de poner sobre la mesa algunos activos de los que hablamos, que lógicamente al Ayuntamiento le interesan”, ha señalado Valls. No ha concretado qué inmuebles de los mencionados por los comunes seducen al gobierno socialista. Sí ha recordado que algunos “tienen uso de servicios públicos”. La jefatura de la Policía Nacional es uno de ellos.

Martí se ha declarado sorprendido por que Valls juzgue aún pronto abordar la cuestión. “¿Es prematuro cuando estamos a 24 horas de que se constituya un gobierno progresista? Es el momento de los grandes pactos”, ha postulado Martí, exteniente de alcalde en el mandato de Ada Colau. 

El miembro de los comunes ha reprochado al PSC que “dimita en políticas que son a favor de la ciudad y concitan consensos amplios”. “La interpretación de un acuerdo no es un elemento de debate”, ha contrapuesto Valls, quien ha acusado a Martí de exagerar.