El PSC y los comunes se enfrentan por 33 expedientes cerrados sin multa a terrazas incumplidoras de Barcelona

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha acusado este martes a sus anteriores socios de Barcelona en Comú -el partido de la exalcaldesa Ada Colau- de haber dejado caducar 33 expedientes sancionadores que el anterior gobierno municipal publicitó meses antes de las elecciones municipales de mayo. Los informes acabaron caducándose sin que se impusieran sanciones. “Es a Bcomú a quien le debe preguntar”, ha señalado el teniente de alcalde y actual concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, a la petición de aclaraciones de ERC sobre el porqué de que las resoluciones acabaran decayendo sin multa. 

En la comisión municipal de urbanismo, Batlle ha asegurado que “la decisión de caducar se tomó antes de la constitución del nuevo Ayuntamiento y fue decisión de los anteriores responsables del distrito”. Antes de que Collboni relevara a Colau, el concejal de los comunes Jordi Rabassa era el máximo responsable político de Ciutat Vella. 

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Según el teniente de alcalde, los comunes fueron los únicos responsables de precipitar que los expedientes expiraran de forma “automática” a principios de junio, antes de que se diera la alternancia al frente del consistorio. Batlle lo ha achacado a que se agolparon 173 alegaciones de los establecimientos inspeccionados, que acumularon más de cinco infracciones graves o muy graves en 2022.

Batlle ha afirmado que los expedientes se reabrirán para estudiar la imposición de sanciones y ha garantizado que se procederá a que las terrazas acusadas de incumplimientos no sean renovadas a partir del 1 de enero de 2024. El concejal ha blandido que "no habrá impunidad" para los infractores. 

En cambio, BComú ha responsabilizado al PSC y, en particular, a Batlle de que las multas no hayan prosperado hasta ahora. “El anterior concejal no firmó ninguna caducidad”, ha replicado Guille López, edil de los comunes. “Estos expedientes de no renovación, con una terraza con 12 sanciones, caducó durante su mandato. Usted los dejó caducar”, ha culpado el concejal a Batlle.

López se ha felicitado por que el gobierno se comprometa a acabar castigando a los negocios de Ciutat Vella acusados de contravenir los permisos otorgados. No obstante, ha lamentado que no haya “un mecanismo más ágil” para clausurar las terrazas expedientadas de inmediato.