Barcelona y su área metropolitana tienen activas cerca de 2.000 licencias de VTC

En pleno debate sobre las VTC y su controvertida relación con el sector del taxi en Barcelona, viene bien situar cómo están las cosas en el área metropolitana en cuanto a números de ambos sectores. En el entorno de la gran ciudad operan un total de 10.521 licencias de taxi, una cifra que apenas se ha movido desde principios de siglo. Los vehículos de alquiler con conductor, en cambio, forman un conjunto volátil que ha ido creciendo y achicándose en función de las normativas que se iban aprobando. A día de hoy, la cifra de VTC que operan en la capital catalana es de 1.822, un número que crecerá en 90 unidades la semana que viene. Es decir, ya serán cerca de 2.000.

Según datos del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), desde que se abrió el plazo para solicitar la autorización VTC de carácter urbano, se han otorgado 449 credenciales. Este trámite se aprueba mes a mes en los consejos de administración del Imet, así que el próximo miércoles está previsto que pasen el corte otras 90. De esta manera, y desde que en septiembre venciera la moratoria de cuatro años establecida en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez para las licencias urbanas, en estos ocho meses habrán avanzado 539 nuevas VTC en el AMB. A un precio de unos 500 euros por papel, lo que ha generado unos ingresos superiores a los 250.000 euros para las arcas públicas.

Interés general

A estas hay que sumarle otras 1.373 autorizaciones estatales que pudieron salvar la moratoria al haber iniciado la cuenta atrás un año después, en 2019, y que, según señala el Imet a este diario, siguen operando. Así las cosas, entre unas y otras, Barcelona y sus 36 municipios dispondrán la semana que viene de 1.912 licencias de alquiler de vehículos con conductor. Con estas cifras, la capital catalana cuenta una VTC por cada 5,5 taxis, muy lejos de la proporción 1/30 anhelada por el sector y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró nula en su sentencia del jueves al considerar que es una restricción que no responde a razones de interés general.

A día de hoy, además, hay 708 solicitudes de autorización VTC urbana pendientes de analizar por parte de los técnicos del Imet, que desde septiembre poco más habrán hecho además de estudiar caso por caso las nuevas demandas de actualización de la credencial. En 321 de estos casos, según señala el propio instituto, se está a la espera de que la Generalitat les comunique si se cumplen los requisitos que estipula el exigente decreto aprobado en julio de 2022.

Clásicas, en el fuego cruzado

Con estas cifras, y teniendo en cuenta que en noviembre la propia Administración aseguraba que tenía cerca de 3.000 solicitudes la mesa (quedarían fuera las que tienen moratoria en 2023), parece claro que el Imet acabará dejando fuera a más de la mitad de las demandas. Romàn Llort, portavoz de la asociación VTC Gran Turismo, que representa a las credenciales tradicionales no vinculadas a plataformas tecnológicas como Cabify, Uber o Bolt, asegura que muchos compañeros que llevan décadas trabajando están sin poder salir a la calle con el coche. O laborando al margen de la ley, porque todavía no les han notificado el permiso o porque se lo han denegado por criterios que consideran absurdos y de algún modo tienen que ganarse la vida.

El escollo más habitual, señala Llort, es la obligación de blandir la declaración responsable para la prestación de servicios urbanos de VTC en el AMB, un documento que en 2019 era un puro trámite y que muchos no cumplimentaron por dejadez o despiste, sin saber, porque era imposible saberlo, que cuatro años después sería un documento imprescindible e infranqueable para conseguir la renovación de la licencia.

Solo cuando las 1.373 autorizaciones estatales hayan agotado su moratoria y hayan reclamado la actualización, y una vez el AMB haya resuelto caso por caso, será posible establecer con cuántas licencias VTC convive la ciudad de Barcelona y su entorno. Es muy difícil establecer una cifra final, puesto que las siguen sin que se les aplique el decreto de 2022 son en su inmensa mayoría parte del paquete que usan las plataformas tecnológicas, que son las que más difícil tienen cumplir todos los requisitos de la normativa. En cualquier caso, cuando todo termine, y a la espera de lo que pase con nuevas resoluciones judiciales, la ciudad terminará la primera mitad de la década -tengan en cuenta que el margen de error es inmenso...- con entre 1.300 y 1.500 VTC. Será, seguramente, una cifra inferior a las 2.000 de ahora.

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