El Tsunami Vecinal lanza estas exigencias a los alcaldables de Barcelona

Recién iniciada la batalla electoral por la alcaldía de Barcelona, la veintena de asociaciones de vecinos y entidades integradas en el movimiento Tsunami Vecinal (nacido hace cinco años) se ha adelantado a los candidatos lanzando su propia lista de exigencias. En una larga "declaración", reclaman a "quien acabe gobernando la ciudad" que lo haga con firmeza, efectividad y complicidad con las entidades que trabajan por la ciudad, y fomentando "la cohesión social, el interés público y la calidad de vida y la convivencia de todos, tanto residentes como trabajadores, visitantes o empresarios".

"Queremos recuperar la identidad de nuestra ciudad y de sus valores diferenciales: sociales, culturales, históricos, progresistas y de emprendimiento y vanguardia", permitiendo a la ciudadanía tener "poder decisorio, ser informada, escuchada, y con participación vinculantes", enfatiza el colectivo, que aglutina a vecinos del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, la Vila Olímpica, Hostafrancs, Badal-Brasil-La Bordeta, Poble Sec, Gràcia Nova, Sant Antoni, Maresme, Enric Granados, Afectats per les Superïlles, y Turó Park, entre otros, así como entidades de comerciantes y contra el ruido.

Esta son algunas de sus demandas:

Emergencias en la ciudad

Ven "urgente revisar y actualizar los protocolos de actuación del servicio 112". Piden "redefinir los factores de la gravedad o de la necesidad de actuación y ganar en agilidad". "Faltan recursos tanto asistenciales, como policiales y de emergencias para evitar casos reiterativos por inoperancia", opinan.

Vivienda sin uso o problemática

Se quejan de que cada vez hay más ocupaciones para usos diferentes a las emergencias habitacionales, pese a la necesidad que hay al respecto ("ya está bien de peleas entre administraciones, todas incumplen los mínimos", dicen). Piden acabar con las viviendas vacías "y más si son de propiedad pública". También lamentan el uso de las viviendas por parte de "colectivos con actividades que atentan contra los derechos fundamentales de los residentes". Aluden a pisos turísticos, residencias de estudiantes con usos turístico e verano, y viviendas destinadas a venta de drogas o acciones delictivas.

Piden reforzar inspecciones y clausuras, así como facilitar la denuncia vecinal. "No estamos en contra de los hoteles, ni pretendemos ser turismofóbicos, pero sí estamos en contra de actividades asociadas al perjuicio de la convivencia como por ejemplo, azoteas/patios/locales habilitados para fiestas, celebraciones y aglomeración de personas y música".

Venta de alcohol de noche

Exigen al nuevo alcalde o alcaldesa asegurar que "ningún establecimiento pueda vender alcohol más allá de las 22.00h, especialmente a menores". Piden a ayuntamiento y Generalitat aumentar inspecciones de comercio, sanidad y laborales. Y combatir "almacenes y cocinas clandestinas, fuente real de suministro de la venta ambulante sin control, ni seguridad de salubridad por calles, plazas, parques y playas.

Contra el ruido

Critican que no se combata la contaminación acústica diurna y nocturna. Entre otras medidas, defienden "minimizar el impacto acústico de las actividades de ocio, así como las económicas: carga y descarga fuera de horario, presencia de 'skates', de altavoces, música en la calle, masificación continuada de grandes acontecimientos en horarios extensos cerca de hogares, concentración de discotecas o locales de ocio en zonas saturadas de licencias, y terrazas que incumplen su extensión y horarios de apertura y cierre". Reclaman automatizar un sistema de control de sonometría y actuaciones policiales de oficio, así como revisar los criterios de las 'zonas tensionadas'. Y que la reiteración de incumplimientos implique pasar de falta a delito, y perder licencias.

Menos actividad en el espacio público

El colectivo cree que hay una "saturación de actuaciones, desfiles, acontecimientos y demostraciones comerciales". Son partidarios de que limitar los permisos más allá de las fiestas locales (de vecinos, escuelas, fiestas mayores o fomento del comercio local y/o cultura o tradicionales generadas por la ciudadanía). Creen que en la pospandemia se ha producido una expansión de la ocupación de espacios, sobre todo de terrazas de establecimientos y locales, más botellones, dicen. En este sentido, creen que los ajustes han sido erróneos y perjudicado a los empresarios más pequeños. "Nos enfrentamos a una privatización inadmisible del espacio público, desproporcionada y sin real control de horario que fustiga a nuevos emprendedores o locales de toda la vida que se exponen a ser captados por otros inversores (a menudo foráneos) que pueden extralimitarse y pagar sanciones".

Respecto a los botellones, piden no criminalizar a los jóvenes sino favorecer nuevas políticas de ocio y controlar los suministros de alcohol.

Seguridad y limpieza

Les sorprende que "las propuestas de cámaras de vigilancia hayan sido siempre denegadas (a pesar de las firmas y consentimiento expreso de los vecindarios de zonas conflictivas) pero ahora "por cuestiones de movilidad o de restricción de vehículos estén proliferando día a día con un afán recaudatorio evidente".

Y pese a recientes mejoras, creen que Barcelona está "lejos de tener cubiertas las mínimas necesidades en acciones de mantenimiento y limpieza de calles, plazas y zonas verdes y espacios naturales. Así como de solventar zonas con deficiente iluminación en muchos barrios". Y frenar el maltrato a edificios, monumentos e instalaciones víctimas de pintadas.

Multas vs. pedagogía

El Tsunami Vecinal prefiere concienciar más a la población local y ocasional, con campañas y acciones didácticas de información de los "efectos nocivos" del incivismo. "Los equipos y funciones de Agentes Cívicos se tienen que redefinir y ser un apoyo eficaz por los cuerpos policiales, sobre todo de la Guardia Urbana, de quien tendrían que colgar orgánicamente". Defienden "actas y acciones de reposición del mal causado", más allá de las sanciones en casos graves.

En los "puntos sensibles y de recurrente impacto de delitos" se piden operativos estables. Y en núcleos con ocio nocturno, "definir corredores seguros hacia el transporte público y donde existan puntos lila con más recursos". Una vez más, se reclama combatir la delincuencia multirreincidente con penas más duras y juicios rápidos.

Movilidad en el punto de mira

En primer lugar denuncian que se agraven las "carencias en aparcamientos para residentes, así como las dificultades de acceso de sus vehículos a sus domicilios (como las "recurrentes pacificaciones de vías sin previo estudio de los posibles daños colaterales a vecinos") , que redundan en una "pérdida notable de la calidad de vida del vecindario con una población cada vez más envejecida o en situaciones de emergencia o un comercio local en peligro o "desatendido".

Por contra, piden más control de los nuevos tipos de vehículos que "provocan varias situaciones de accidentalidad y riesgo en la población transeúnte". Creen que hay que "pedir responsabilidad a empresas de alquiler de bicicletas para grupos, 'segways' o patinetes, con seguro y limitaciones", entre otros.

Cuestionan también "la proliferación de alquileres de vehículos de alta gama y cilindrada, de flotas de coches ligeros eléctricos por turistas. Y la "agresividad en la conducción (velocidad extrema y circulación temeraria)" que provoca accidentes y "hace necesarias normas" que endurezcan las penas a los infractores.

Menos residuos sólidos

Alertan de nuevos problemas en la gestión de la nueva contrata de recogida selectiva de residuos y basuras. Y creen que está por resolver por "salubridad y estética" el depósito de los desechos de la hostelería, "fallidamente abordado". Así como en lo referente al rastro que dejan actos incívicos como botellones y otras aglomeraciones, apuntan.