Los denunciantes de la incineradora del Besòs: “Avisar del registro da una oportunidad a manipular datos”

Satisfacción tibia, casi gélida, en los denunciantes de la incineradora pública de residuos del Besòs ante el próximo registro de la planta de Tersa, situada en el límite entre Sant Adrià y Barcelona. Como EL PERIÓDICO informó este miércoles, la Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso de la Fiscalía y la acusación ejercida por la plataforma vecinal Aire Net para que la Guardia Civil busque supuestos indicios de delito en la fábrica, la que más basura quema en Catalunya. El cuerpo lo pidió en enero y la jueza instructora de Badalona lo denegó al considerarlo “prematuro”, pese a que Aire Net presentó la denuncia por presunto exceso de partículas contaminantes insalubres hace ya cinco años. 

“La justicia tardía y mal ejecutada no es justicia”, opina la presidenta de la plataforma, Silvina Frucella, quien teme que la medida que la Audiencia ha desbloqueado se revele inocua. Por su parte, Tersa responde que “mantiene la total disposición con la Justicia para aportar toda la información y aclarar las cuestiones que sean necesarias”. 

Resulta inusual que una orden de entrada y registro sea conocida por las partes personadas en un proceso judicial. Las inspecciones suelen realizarse cuando la causa está bajo secreto, para no poner sobre aviso al investigado. Ahora es la instructora quien tiene que dictar día y hora a la diligencia. 

En la causa presente, se imputa un presunto ilícito contra el medio ambiente al concejal de Emergencia Climática de Barcelona y presidente de Tersa, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la planta, F. R. G., con lo que la compañía puede tener acceso a la petición de registro que la unidad del Seprona de la Guardia Civil presentó en enero al juzgado de instrucción número 5 de Badalona. En la solicitud incorporada a la causa, se detallaba dónde los agentes quieren rastrear y en qué pretenden indagar en el interior de la central. 

"Es como avisar al ladrón"

“Autorizar el ingreso de la Guardia Civil en este momento y de esta forma es dar una oportunidad a la empresa de manipular las condiciones para demostrar que todo está bien”, sospecha Frucella. La dirigente de Aire Net cree que la inspección tendría que haberse efectuado antes de que se levantara el secreto de sumario. Un aviso de la entidad en abril de 2018 diese inicio a unas pesquisas que se alargaron casi cuatro años, antes de que la Fiscalía presentara una denuncia en el juzgado en marzo de 2022.   

“Esperábamos que se hubiera hecho ya hace mucho. Ahora es como avisar al ladrón que revisarán si está robando o no”, compara Frucella. Piensa que, incluso, el registro puede beneficiar a Tersa para sostener que no existen anomalías en la incineradora ni las hubo en el pasado.

La investigación abarca de 2015 a 2019 y está focalizada en si estaba homologado o no el algoritmo que servía para calcular la temperatura adecuada para descomponer los desechos, minimizando a la vez las emisiones contaminantes. Según la Guardia Civil y la Fiscalía, los 850 grados centígrados no se alcanzaron en numerosas ocasiones, lo que pudo comportar que la salud de los vecinos de los barrios del entorno quedase en “riesgo grave”. 

Filtros valorados en 18 millones

Por su parte, la empresa defiende que la incineradora “cumple con los estándares y normativas”. “En la declaración de los representantes de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat en este mismo proceso de instrucción, sostuvieron que no hay incumplimientos en los valores límite de emisión de la planta”, destaca Tersa, cuya titularidad es compartida entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB).

La compañía explica que la planta renovó la autorización ambiental en septiembre de 2022 para incinerar “residuos municipales y residuos industriales asimilables a residuos municipales”. En ese sentido, subraya que las instalaciones y el funcionamiento de la empresa recabaron el aval de organismos de la Generalitat y el AMB. Por otro lado, la planta se ha dotado de un sistema de filtros catalíticos en los últimos años para reducir la polución expulsada a la atmósfera, que ha costado 18 millones de euros.

Por su parte, Aire Net confía en que la Guardia Civil recabe datos en la planta “que den respuesta e información adicional” a los hechos denunciados, indica Frucella. “Deseamos que, a pesar del tiempo pasado y lo que se haya podido destruir, la Guardia Civil pueda encontrar evidencias”, señala la responsable de la plataforma vecinal, que reprocha “opacidad” a Badia y el directivo de Tersa imputado por no responder a las preguntas de la acusación en el juzgado. “También esperamos que entonen un mea culpa, porque hay vídeos que prueban que la descarga de cenizas no se hizo de forma adecuada”, agrega.

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