El PSC insta a Colau a replantear las reglas de los presupuestos participativos

El PSC considera que tendría sentido modificar algunos puntos del funcionamiento de los presupuestos participativos, la iniciativa municipal por la cual los barceloneses pudieron proponer y votar inversiones en los barrios, que está en ejecución. Rosa Alarcón, portavoz del grupo municipal del PSC y también concejala de Horta-Guinardó, afirma que habla más en función de la segunda responsabilidad cuando afirma que la aplicación de los presupuestos participativos tiene algunas lagunas, disfunciones que cree que se deberían corregir. No tiene claro todavía cuáles deben ser esas soluciones, por ahora señala cuáles son los problemas que aprecia.

Movilización en porcentaje

Esencialmente, cree que a la vista de que lo que prima es el voto, los barrios con menos habitantes corren el riesgo de quedarse en la cola o fuera del programa, y eso incluye, dice, el caso de zonas en las que la movilización es muy elevada en porcentaje pero poco significativas en números absolutos.

Pone como ejemplos barrios de su distrito, como La Clota, con 600 vecinos, y Sant Genís dels Agudells (para más señas, el barrio de la concejala), con 6.000 vecinos, que fácilmente verán superadas sus propuestas por las de barrios con decenas de miles de habitantes: “Se producen discriminaciones”. No es su única queja, pero es la más significativa.

El modelo

Cuando Ada Colau fue alcaldable por primera vez, en 2015, Barcelona en Comú incluyó en su programa electoral la posibilidad que la ciudadanía decidiera cuál tenía que ser el destino de una parte de la inversión del consistorio. Un 5% de la partida. La iniciativa, prevista una vez por mandato, no cuajó en los primeros cuatro años de la alcaldesa en el cargo, y todo estaba previsto para que lo hiciera en el segundo. En febrero de 2020, el concejal de Barcelona en Comú Marc Serra, responsable de la cuestión, explicó cuáles serían los ejes de su aplicación.

La parte del presupuesto que debían decidir los barceloneses ascendía a 75 millones de euros. Pero un mes después la pandemia detuvo el mundo, y también los presupuestos participativos, como se conoce esta propuesta. Finalmente, la medida echó andar un año después, pero el coronavirus tuvo su efecto económico, y la partida prevista bajó de 75 a 30 millones de euros. Eso, inevitablemente, frenó el reparto previsto inicialmente: con 75 millones hubiera sido más posible plantearse un beneficio que de algún modo llegará a los 73 barrios, subraya Serra.

76 proyectos

El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación afirma, en respuesta a los argumentos de Alarcón, que ese factor podría ser decisivo en la futura aplicación de los presupuestos participativos. La próxima edición, salvo cambio de rumbo en caso de que el gobierno que salga de las elecciones. Con todo, Serra defiende el modelo actual: “Es la primera crítica que me llega. El proyecto funciona muy bien. La oposición no ha presentado ninguna iniciativa en su contra. Pero tendemos la mano para mejorarlo. Seguro que con más presupuesto lo podremos hacer”.

El edil recuerda que como criterio de equidad se procuró que en la fase inicial, de priorización, se incluyeran propuestas de barrios de los 10 distritos. No fue de los 73, pero sí de muchos. Cita algunos barrios con pocos vecinos que han logrado que algún proyecto prosperara: La Font d’en Fargues, en Horta, con 9.400 vecinos; el barrio d’El Coll, en Gràcia, con 7.500 residentes, el de Trinitat Nova, en Nou Barris. En abril de 2021 se inició la fase de priorización, a partir de 2.000 proyectos propuestos. Se comprobó que cumplieran las bases y quedaron en 900.

Se limitó la cantidad para que los vecinos pidieran votar entre 20 por cada uno de los diez distritos. Y así 200 se convirtieron en finalistas. Y finalmente, los más votados fueron 76: no hay limitación por proyecto, sino por coste económico. En el caso del 2021, y único por ahora, los 30 millones mencionados marcaron ese límite.

Los dos proyectos que lograron el mayor número de apoyos son la mejora del parque de la Espanya Industrial (3.351 para una inversión de 850.000 euros) y la reforma del campo deportivo de Julià de Capmany para la práctica del críquet y otros deportes minoritarios (2.890 votos y 1,6 millones). En total, casi 40.000 barceloneses participaron en las votaciones, a través de la web decidim.barcelona.

Valoración económica

Ese es otro de los puntos que Alarcón señala como un problema: la valoración económica que se hace de los proyectos. Está claro que es necesario saber el coste de las propuestas para que la población se decida por uno u otro. Es un dato clave.

La concejala cree que las valoraciones que se hicieron no siempre fueron las más ajustadas, aunque disculpa a los técnicos. Dice que en muchos casos es difícil precisarlas. Ella cita un caso que ha vivido en Horta-Guinardó: el proyecto de una zona de juego infantil de agua en los Jardines de Baix Guinardó. Fue la cuarta propuesta más votada en el distrito, con 1.374 votos. El presupuesto previsto era de 300.000.

Por ahora, la iniciativa no sigue su turno, ya que la concejala lo ha paralizado ante cierta oposición vecinal y ante el hecho de que la persona que promovió la reforma no la defiende ya, descontenta con el proyecto. Pero la alusión viene al caso de que el presupuesto final de la primera parte de la medida ascendía finalmente a 400.000 euros. Por ello, el distrito tuvo que encontrar 100.000 euros de otra partida. Con la reforma paralizada, por ahora no hay problema, pero Alarcón cree que hay que afinar más el cálculo.

Una boya en el mar

El último ‘pero’ de los socialistas atañe a la naturaleza de alguna de las propuestas aprobadas, por considerar que son más medidas de ciudad que de barrios. Como ejemplo, Alarcón cita la novena propuesta más votada en Ciutat Vella, incluida entre las 76 que prosperaron: la instalación de una boya en el mar “para medir la acidificación del Mediterráneo”. Logró 1.154 votos y tiene un coste previsto de 200.000 euros. La socialista considera que no responde al espíritu de la medida. Serra opina que es un caso aislado.

Las diferencias entre los socios del gobierno sobre este tema son cordiales y más o menos acotadas. Y quedan anotadas, aunque se intuye que no estarán ahora mismo en lo más alto de una agenda que mira de frente a las elecciones municipales del 28 de mayo. Todo indica que el debate queda para cuando el próximo mandato esté empezado.

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