Frente común para implantar videovigilancia en La Mina

La crónica de sucesos ha sido cruel con La Mina, un barrio obrero en esencia y no tan distante en sus desvelos a otros vecindarios del contorno empobrecido de Barcelona, pero condicionado por el estigma duradero con que se le ha marcado a costa de sus vecinos. Lo lastran el trasiego con estupefacientes enquistado en algunas viviendas, las esporádicas batidas policiales contra el trapicheo nunca erradicado en este extremo del extrarradio y la conmoción de algún crimen que acaece de tanto en cuanto, como los dos homicidios recientes ocurridos en un lapso de un par de semanas, con trasfondos muy diferentes entre sí. 

“El problema es la droga y todas sus derivadas”, sostiene la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete. “Si la droga no existiese, La Mina tendría quizá vulnerabilidad, pero sería un barrio como el Besòs, de gente trabajadora”, deduce la edil, que alude también a ciertas intervenciones policiales que, tras iniciarse por un mero supuesto de incumplimiento de ordenanzas municipales, “han acabado convertidas en un asunto de orden público”. En ese marco, el ayuntamiento de la localidad pegada a Barcelona se plantea implantar cámaras de seguridad en el municipio, incluida La Mina.

Cañete recalca que el plan es aún embrionario y sin fechas claras para materializarse, para nada inmediatas. Ante todo, está a la espera de estudio para concretarlo una vez que se desencalle un proceso de contratación pendiente de adjudicación desde el año pasado. La licitación debe permitir que Sant Adrià se dote de la infraestructura necesaria antes de extender las cámaras, incluidas las pantallas en la comisaría de la Policía Local para visualizar las imágenes. La alcaldesa subraya que la idea no se restringe de entrada solo a La Mina y, en todo caso, queda a expensas de recibir el beneplácito de la comisión de videovigilancia de Catalunya, dependiente del Departament d’Interior. 

No obstante, la edil asegura que responsables de la conselleria ven los dispositivos con buenos ojos para que sirvan de auxilio en las pesquisas de los Mossos d'Esquadra. Comenta que lo manifestaron al gobierno local en una reunión reciente, tras el homicidio en que un hombre murió tiroteado en la calle. “Nos dijeron que se puede agilizar la aprobación de la implantación de las cámaras si es la voluntad del municipio, porque hay interés en que se coloquen. Para el departamento, estaría bien que estuvieran en determinados espacios de La Mina para ayudar a investigaciones que tiene en marcha”, explica Cañete. Anticipándose a los acontecimientos, miembros del consistorio y la Generalitat hablaron en el mismo encuentro sobre cómo disimular los artilugios con tal de prevenir que sean vandalizados.

Aplicación de móvil

La alcaldesa señala que la pretensión de partida del consistorio era que la videovigilancia resulte más bien disuasiva “en puntos críticos de la ciudad y focalizada inicialmente para hacer frente al incivismo y la inseguridad”. El consistorio concibe una red de cámaras asociadas a una aplicación para móvil, con la que los ciudadanos alerten a la Policía Local para que puedan examinar la grabación en caso de disponer de un objetivo en el lugar de los hechos.

“Pensamos que, por ejemplo, pueden situarse en tramos no controlados donde son habituales los vertidos de residuos, y con el mismo fin que los Mossos d’Esquadra revisan las cámaras de los bancos o las comunidades de vecinos cuando ocurre un delito”, pone Cañete por caso. No obstante, el planteamiento de la Generalitat implica otorgar aún más relevancia policial a la red de cámaras que se prefigura.

 Interior ha evitado pronunciarse sobre el proyecto de videocámaras en La Mina a preguntas de EL PERIÓDICO. La conselleria sí recuerda que, para convertirse en realidad, el consistorio debe recabar una autorización de la dirección general de administración de seguridad de la Generalitat. Antes, la comisión de videovigilancia ha de avalar que se resguardan los derechos de privacidad e intimidad. En la solicitud para desplegar el sistema, el ayuntamiento debe expresar “las circunstancias que provocan la existencia de riesgo o peligro para la seguridad ciudadana, mencionando los antecedentes de delitos, infracciones, agresiones, daños, etcétera, cometidos en la zona que se pretende videovigilar”, apunta el departamento.

Petición de más agentes

En paralelo, el Ayuntamiento de Sant Adrià insiste en exigir que se destinen más policías a la comisaría de los Mossos d’Esquadra en La Mina, una petición reiterada desde hace años. “Seguiremos reclamando que se cumpla el convenio de 2003, que fijaba que debían trasladarse 100 agentes. Estamos lejos de esa cifra”, opina Cañete, que pide la presencia “más activa y no tan reactiva” de unidades de “orden público” -como pueden ser los antidisturbios- en los dispositivos policiales que se ordenen en el barrio. 

La alcaldesa lamenta que, por ahora, Interior no atiende las demandas. “Nos dicen que hay más barrios similares y que no es el único donde se dan problemas. Yo les pregunto si hay otros que sean supermercados de la droga en Catalunya”, replica. En cualquier caso, Cañete subraya que la eventual instalación de cámaras no es en ningún caso un sustitutivo del aumento de mossos que urge que se asigne a La Mina. “No debe ser la excusa para no incrementar la dotación”, esgrime.

Suscríbete para seguir leyendo