El inusual desahucio que activistas antidesalojos reclaman en Barcelona

José Luis y Marina, padre e hija, son la antítesis de un fondo buitre. Antes de relatar su historia, dejan claras unas cuantas premisas: son activistas antidesahucios en Barcelona, están versados en parapetarse en los portales de Nou Barris que amanecen agitados por una orden de expulsión y conocen de primera mano a quienes han ocupado casas vacías de entidades financieras porque las estrecheces los asfixiaban. Recalcan que no solo comprenden sus razones, sino que las defienden. Hechas las presentaciones, este es el disgusto que los mortifica: José Luis y Marina no pueden acceder al piso que pertenece a la familia y culpan a un hombre, A. C. R., de haberlos engatusado con unos supuestos apuros para luego arrebatarles la vivienda bajo coacciones y sin pagar nunca un alquiler. El padre, dueño del domicilio, aguarda que un juzgado ejecute el lanzamiento que ha instado para echar al acusado y a otro hombre que residen con él. Es un trance insospechado para un pequeño propietario curtido en plantar cara a los intentos de desalojo que atosigan a sus vecinos.

Mientras desgranan el caso, padre e hija subrayan que el desvelo que padecen difiere de las ocupaciones por necesidad con las que empatizan. “No tienen nada en común, no se trata de una familia vulnerable. Ellos tienen ingresos”, distingue Marina. Además, el presunto usurpador no forzó la puerta del domicilio. En plena debacle laboral tras el confinamiento de 2020, la familia le abrió las puertas del piso, convencida de que obraba con coherencia con sus ideales albergando a un desempleado que se declaraba con el agua al cuello. No le pidieron nada a cambio, solo que no alargara la estancia más de tres meses.

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“Se comprometió a aceptarlo. Dijo que estaba pendiente del SEPE para cobrar un subsidio, aunque luego se iba algunas noches diciendo que se marchaba a trabajar. Él y su compañero de piso son vigilantes de seguridad”, señala José Luis. Admite que se apiadaron de él inspirados en los relatos de las víctimas de la crisis de vivienda que frecuentan el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris, del que padre e hija son miembros activos. “Por eso lo dejamos entrar, pero se está aprovechando totalmente de esa circunstancia”, siente José Luis. EL PERIÓDICO ha contactado con el habitante del piso, que ha desestimado dar su versión sobre la disputa y se ha limitado a indicar que los hechos están en manos de los tribunales.

Denuncias de agresiones

El huésped de la familia accedió a compartir el domicilio con Marina. No obstante, la convivencia se torció pronto, atestigua la chica, que asegura que A. C. R. llegó a agredirla. “Hubo ocasiones en que me chillaba... Llegó a arrinconarme y empujarme”, narra la joven. Acabó huyendo de casa, dice que asustada al ver comprometida su integridad física por su compañero de piso, al que describe como un individuo corpulento.

“Consiguió lo que buscaba, provocar que Marina se fuera para quedarse solo en el piso y hacerse fuerte en él”, apostilla José Luis. De todos modos, trató que el hombre abandonara el domicilio. Tras varios ruegos infructuosos, optó por trasladarse a vivir a la vivienda de su propiedad y residir con A. C. R. para procurar que depusiera su resistencia a irse. No duraron más de tres días bajo el mismo techo. “Me empujó, me tiró a la mesa, tiró mi móvil… Me dijo que si a él le pasaba algo, también me pasaría a mí”, sostiene. 

Los Mossos d’Esquadra se personaron en la casa a raíz del altercado. Fue cuando José Luis decidió marcharse. Ha pasado un año y ocho meses desde entonces, sin que el dueño haya vuelto a pisar su piso. “Allí tenemos pertenencias y recuerdos. Le enviamos un mensaje para que nos dejara entrar para recoger ropa para nuestra nieta recién nacida, pero hubo negativa. Le dijimos que al menos la bajara a la calle, pero también se negó”, reprocha José Luis. 

Expulsión pendiente

La denuncia por agresión y amenazas que el propietario interpuso contra el ocupante y la petición que cursó para que se dictara una orden de alejamiento no han prosperado. La denuncia por coacción con la que A C. R. respondió tampoco ha fructificado. En cambio, una jueza sí que dio la razón a la demanda con la que José Luis reclamaba el desahucio por cesión en precario de la vivienda. La magistrada dictó el enero pasado que la casa quedara libre y a disposición del dueño, pero los recursos del denunciado han alargado el procedimiento, sin que la expulsión haya tenido lugar.  

Mientras la resolución se aplaza, la familia ha solicitado la ejecución provisional del desalojo. “No entiendo que, habiendo una sentencia que dice que tiene que salir de ahí, llevemos tantos meses de espera”, se queja José Luis, que enfatiza que no ha dejado de sufragar los 573 euros de hipoteca cada mes ni las facturas de gas y luz del domicilio. Recalca que no tiene ninguna intención de venderlo, sino que pide recuperarlo para que su hija lo habite de nuevo. Marina ha tenido que bucear entre ofertas de alquiler para hallar dónde alojarse. Ahora paga 250 euros mensuales. “He pasado por cuatro pisos en este tiempo. Barcelona es cara y cuesta encontrar algo que te puedas permitir”, comenta la joven. 

La familia cuenta con el apoyo del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris. La organización resalta que respalda las ocupaciones de propiedades de bancos y de fondos de inversión, no en el supuesto de asaltar un domicilio de un tercero que no es un gran tenedor de viviendas y en que, por añadidura, los ocupantes no acrediten dificultades para costearse un alojamiento. “Es la vivienda que Marina necesita. No son okupas, sino matones que han forzado a unos vecinos a salir de su casa”, blanden en el sindicato. Ven un doble rasero entre la rapidez en que se enjuician las tomas de viviendas que se denuncian por vía penal -“el juicio puede ser un mes más tarde”, afirman- y la demora en el caso de José Luis y su hija.

Como hacen a menudo, padre e hija acudieron el viernes pasado a socorrer a una familia de Roquetes que logró frenar la sexta tentativa de desahucio. Según el Sindicat, un estafador les vendió la llave de la casa por 3.000 euros antes de desaparecer. Poco después, se toparon con el aviso de un pleito en su contra por ocupación ilegal, iniciado por el dueño real del domicilio, un fondo de inversión. “El problema no es que la Justicia sea lenta, sino que la ley defiende antes a quien tiene más propiedades que el derecho a la vivienda en sí. Si no fuera así, yo estaría viviendo en mi casa”, piensa Marina.