Ocupación: derechos encarados

Cuando se ocupa una vivienda ajena, colisionan la protección de la propiedad privada y la defensa de una de las necesidades más básicas. Desde las dos caras de este problema, dos expertos urgen a solucionar la crisis habitacional.

En nuestro país se produce una paradoja respecto al movimiento okupa en la que, desde mi punto de vista, se mezclan conceptos y responsabilidades. Por una parte, desde finales de los 70 y principios de los 80, el movimiento okupa encuentra en una sociedad española con una recién adquirida democracia un ecosistema idóneo para acoger este movimiento como lo hizo con muchos otros de toda índole y signo político e ideológico. La okupación busca otras alternativas de participación ciudadana, otros espacios habitacionales, de ocio e incluso otras formas de organización social comunitaria. Unas aspiraciones, legítimas y fácilmente entendidas y compartidas por muchos ciudadanos. El problema surge, como pasa siempre con los derechos, cuando estos se cruzan o interfieren en los derechos de otros. 

La sociedad española tiene muy interiorizado el derecho a la propiedad como uno de los más importantes que definen nuestra idiosincrasia. El porcentaje de población con vivienda en propiedad en España en 2019 era del 76,2%, y no es fruto de una moda o de una tendencia. Actualmente, el principal sector del ahorro de las familias españolas es el inmobiliario. A los españoles nos gusta ahorrar en inmuebles. Y es que estos suponen entre el 80% y el 98% de la riqueza de las familias, pues España tiene una de las tasas de propiedad más elevadas del mundo, 1,38 viviendas en propiedad por núcleo familiar, lo que provoca que, entre otras cosas, tengamos un gran patrimonio arquitectónico, urbanístico, artístico y cultural en nuestras ciudades.

La okupación como fórmula para obtener soluciones habitacionales para colectivos vulnerables no deja de ser el reflejo de una mala gestión de nuestras administraciones. Mientras, la okupación de propiedades privadas implica pisotear el derecho de propiedad de otro, y como en cualquier caso en el que se pisotea un derecho, supone incurrir en un delito. Por desgracia, en los últimos tiempos este derecho a la propiedad está siendo atacado desde diferentes frentes. La ley catalana de limitación de rentas, claramente inconstitucional, es un ejemplo de ello. También lo es que en el primer semestre de 2020 la okupación de viviendas aumentara un 5% respecto al mismo periodo de 2019. Al no proteger este derecho de propiedad, las autoridades caen en negligencia y en dejación de sus funciones y obligaciones, por las que la ciudadanía debería pedir responsabilidades.

Uno de los argumentos del movimiento okupa es que hay oferta de inmuebles vacíos o sin utilidad aparente. Siendo eso así, habrá que adoptar medidas que incentiven la salida al mercado de esos inmuebles, con políticas fiscales al alquiler, con ayudas a la rehabilitación y al mantenimiento del patrimonio, pero en ningún caso atacando al derecho de sus legítimos propietarios. De hecho, la falta de defensa de la propiedad privada solo degenerará en la aparición de mafias lucrándose con la necesidad de los más vulnerables e incluso provocando muertes por la falta de mantenimiento de los inmuebles okupados. 

Nuestra sociedad tiene la obligación de proporcionar esas viviendas a las personas que realmente lo necesiten. Son nuestros representantes, los gobernantes, quienes tienen que gestionar esa obligación con los medios que los ciudadanos les aportamos mediante el pago de nuestros impuestos. Quizás optimizar recursos sea el secreto, no animar a que unos pisoteemos los derechos de los otros en una lucha fratricida por ver qué derecho y el de quién ha de prevalecer.

El fenómeno de la okupación es bien conocido por las entidades que trabajamos con personas en riesgo de exclusión y que, en algunos casos, gestionamos viviendas públicas, privadas y sociales. Lo que se venía produciendo de manera marginal se ha convertido para los colectivos más vulnerables en la ‘tercera vía’ de acceso a la vivienda después de tener que descartar la compra y el alquiler. Es un fenómeno al que nos enfrentamos diariamente, en el que influyen múltiples factores y cuya solución es compleja. Ni se puede criminalizar a las personas que ocupan viviendas, ni se puede aceptar un mercado inmobiliario excluyente que especula con un bien de primera necesidad.

Las entidades sociales nos enfrentamos al fenómeno desde dos posiciones diferentes: en primer lugar defendemos los derechos sociales y, por supuesto, el derecho a la vivienda de las personas que okupan. Por otro lado, defendemos también la necesidad de proteger el patrimonio inmobiliario que gestionamos ante las ocupaciones. Actualmente, entre un 10 y un 20% de los fondos económicos que destinábamos a ayudas para evitar impagos, lo destinamos a medidas preventivas para evitar ocupaciones de las viviendas que gestionamos, destinadas a familias vulnerables.

En el aumento y la mayor visibilidad de las ocupaciones influyen varios factores. 1) Personas sin casa: el acceso a la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones y para la sociedad. El coste de los alquileres es desproporcionado respecto a los ingresos de las familias. En los últimos años seis años los alquileres se han encarecido un 35,6% en las grandes ciudades, hasta un 43,6% en Barcelona, mientras el mercado laboral se precarizaba y los salarios se devaluaban. 

2) Viviendas vacías: tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedó un gran número de viviendas en manos de los bancos. Tras más de una década, la mayoría de las que se encuentran vacías o ocupadas son infraviviendas. Las habitables y en buen estado se encuentran cerradas durante periodos cortos que suelen corresponder a la comercialización o adjudicación de los inmuebles una vez finalizadas las obras.

3) Organizaciones criminales que se lucran “abriendo pisos” y “vendiendo llaves” por cantidades exorbitadas; y 4) Manipulación de los datos ante la opinión pública por parte de grupos con intereses políticos, tanto a favor como en contra de la okupación. Por una parte se manipula la necesidad de los más vulnerables –que sin duda es real— y por otra se fomenta el miedo a las ocupaciones.

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El fenómeno ha crecido de manera exponencial. En estos momentos miles de familias sin otra alternativa esperan poder ocupar una vivienda. El itinerario consiste en comprar la llave por 2.000 o 3.000 euros, estar más de un año en la vivienda (intervalo del procedimiento judicial), intentar negociar un alquiler social y, si no es posible, pasar a formar parte de la lista de espera para acceder a una vivienda pública a través de la mesa de emergencia. El coste psicológico y emocional de este itinerario es muy alto: son periodos de inseguridad que dejan huella tanto en los adultos como en los niños. 

La solución debería ser incrementar el parque público de vivienda para garantizar el derecho a techo de todas las familias que sufren precariedad habitacional, pero de manera inmediata no es viable. Por tanto, debemos enfrentarnos a la situación estudiando los casos de manera individual e intentado llegar a acuerdos mediados siempre que sea posible.