Barcelona denuncia "la estafa" de 17 promociones que no han dedicado el 30% de pisos a vivienda protegida

Barcelona aprobó en el pleno de septiembre de 2018 una norma pionera que prevé que las promociones o rehabilitaciones de vivienda de más de 600 metros cuadrados deban dedicar un 30% a vivienda pública. Es decir, los pisos siguen siendo del promotor, pero se ofertan a un precio limitado, que fija la Generalitat.

Cuatro años después, el gobierno de Ada Colau ha denunciado este miércoles que ha detectado "una estafa", en palabras de la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, mediante la cual los promotores de 17 obras están incumpliendo la norma. Ha anunciado que se les obligará a respetarla, a ofertar 70 pisos a precio protegido, además de sancionarlos con multas que irán de 90.000 a 900.000 euros.

El parque público

La medida del 30%, que nace de la ley de la vivienda de 2007, fue planteada para incrementar el parque municipal de pisos protegidos, un reto que Colau situó como una de sus principales prioridades a partir del inicio de su gestión, en 2015. El objetivo es doble: proveer de vivienda a familias sin recursos e incrementar el parque, siempre de alquiler, hasta que un día tenga un volumen tan elevado que su precio, en general de formato asequible –un punto medio entre el de mercado y el de vivienda social-, influya en el sector privado llevando a la baja las tarifas, tan elevadas en Barcelona que expulsan de la ciudad a vecinos que, muy a menudo, no pueden residir donde lo hacían sus padres.

Inspección

La medida del 30% entró en vigor unos meses después del pleno municipal antes citado, en diciembre de 2018, cuando la subcomisión de Urbanismo de Barcelona aprobó definitivamente la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) preceptiva en un caso como este. Entonces se calculó que la ciudad ganará 334 viviendas públicas anuales, a las que podrán aspirar el 75% de los barceloneses por sus ingresos. En el caso de un piso de 80 metros cuadrados, el alquiler sería de un máximo de 738 euros mensuales y el precio de compra de no más de 196.000 euros, según los precios fijados por la Generalitat.

Pasados casi cuatro años de ese punto de arranque, Sanz, ha comparecido este miércoles para denunciar que el ayuntamiento ha detectado que los promotores de 17 obras han tratado de eludir la norma del 30% con irregularidades. Acompañada por Eva Mur, jefa de la dirección de Servicios de inspección del consistorio, Sanz ha explicado que se ha “detectado y destapado una estafa” tras una labor de revisión que ha implicado la inspección de 1.368 obras en Barcelona entre enero de 2019 y abril de 2022, periodo en la que la medida del 30% estaba vigente. “Hemos encontrado 138 obras que no se ajustaban a la normativa de forma general”, ha concretado. Obras con “grandes rehabilitaciones encubiertas, segregaciones de viviendas y cambios de uso sin licencias”, ha añadido.

En cinco distritos

De esas 138 que registran incumplimientos, ha continuado Sanz, hay 17 que no prevén generar un 30% de vivienda protegida, cuando están obligadas por su dimensión: una en Ciutat Vella, ocho en el Eixample, dos en Sants-Montjuïc, tres en Sarrià-Sant Gervasi y tres en Gràcia. En total, las 17 promociones suman 222 viviendas, por lo que de aplicarse el 30% darían pie a cerca de 70 viviendas de precio público, “un número considerable y necesario”, según la teniente de alcalde.

“Detectamos que algunas constructoras presentan diferentes comunicados sobre un mismo edificio, como si se tratara de pequeñas obras, cuando sumadas suponen una gran rehabilitación, que requiere una licencia de obras mayores”, ha explicado Sanz, que ha advertido que al hacerlo no solo vulneran la norma del 30%, sino también cuestiones “de seguridad, de mantenimiento, de accesibilidad y de reserva de energía solar”.

“Algunos pisos están en oferta, otros ya se han vendido, y es también una estafa para quien los compre”, ha dicho. Sin embargo, ha relatado que en el caso de los ya vendidos, el comprador no tendrá problema.

Restitución y multa

En el caso de esas 17 promociones, que todavía no está claro a cuántos promotores corresponden, el consistorio plantea dos actuaciones. “Una es que pongan esas 70 viviendas a disposición de la ciudad”. Si no se han vendido, en el mismo edificio. Si se han vendido, en otro edificio que esté “en el mismo barrio”.

Eso no les ahorrará una sanción, que Sanz ha cifrado en una cantidad que va de 90.000 a 900.000 euros: “Es una infracción muy grave. Esta rueda de prensa tiene que servir como un aviso a navegantes para evitar que esto vuelva a suceder. Mantendremos este dispositivo especial (de inspección) todo el tiempo que sea necesario”.

Balance

Sanz ha cifrado en 52 las viviendas sociales en Barcelona que están en trámite, es decir, cerca de estar disponibles, por la norma del 30%. A esas se sumarían las 70 reclamadas a las 17 promociones, y 50 más están “en estudio”. Sumadas, son cerca de 200 las viviendas que el 30% dejaría en la ciudad en breve.