Una docena de los desalojados de la nave de L'Hospitalet lleva una semana durmiendo al raso

Cada uno de ellos carga su propia mochila con su historia, todas duras. Nadie sueña con vivir en una nave industrial abandonada y, todavía menos, en la calle, como llevan haciendo desde el pasado 22 de noviembre, cuando fueron desalojados de la fábrica en la que vivían, algunos desde hacía años, en la avenida de Vilafranca de L'Hospitalet de Llobregat. Antes del covid, Bilma, boliviana de 39 años, trabajaba cuidando a un señor mayor que falleció durante la pandemia y se quedó sin trabajo. "Si me metí en la nave fue por necesidad", explica la mujer. Fue cuando perdió su último empleo y, ante la imposibilidad de alquilar una habitación, "compró" un espacio en la nave que hoy, ocho días después del desalojo, es ya prácticamente un solar tras el trabajo incesante de las máquinas para borrarla del mapa. La mujer habla sentada en una silla de cámping bajo los balcones del número 100 de la avenida de Catalunya, donde 12 de las personas desalojadas de la nave llevan una semana acampadas, resguardándose del frío y la lluvia de los últimos días.

"Esta vez no he ido a servicios sociales porque me defraudaron. Fui hace tiempo, con otro problema que tuve con un piso que me alquilaron y me engañaron porque resultó que era un piso okupado y no me ayudaron", prosigue Bilma. Sí habla muy bien de Cáritas, quienes sí les ayudaron a gestionar los papeles, y de los muchos vecinos de L'Hospitalet que estos días se acercan a llevarles comida caliente.

Lupe Roxana escucha a su amiga sentada en otra silla en el mismo campamento precario, a pocos metros de la vieja nave, en el punto exacto en el que fue asesinado en 1992 Pedro Álvarez, como recuerda una placa pegada en la pared y un ramo de flores atado a una farola. Lupe Roxana llevaba seis años viviendo en la nave de Vilafranca. "Fui la primera que entró", recuerda. Una nave en la que tenían sus vidas hechas "con todo". "Cada una teníamos nuestra cocina, nuestro baño, teníamos todo lo que tendríamos en un piso", recuerda la portavoz del colectivo, a los que ya llaman 'los 12 de Vilafranca'.

"Somos los 12 que teníamos nuestra propia comunidad allí, nos ayudábamos todos entre todos y queremos seguir juntos. Por eso pedimos al ayuntamiento una solución colectiva, no que nos quieran separar", prosigue la mujer de origen boliviano, de 51 años y vecina de L'Hospitalet desde hace lustros. La portavoz informal del colectivo recuerda que los problemas en la hoy casi desaparecida nave empezaron cuando se metieron en ella otros grupos que nada tenían que ver con ellos y con su (tranquila) forma de vivir. "Cada vez que entraban, yo llamaba a la policía porque se estaban metiendo en nuestra casa, pero me decían que hasta donde ellos sabían, aquella nave no era de nadie", recuerda Lupe Roxana. El peor episodio vivido en la nave, antes de su desalojo con un amplio despliegue policial la semana pasada, fue un aparatoso incendio hace justo un mes.

"Somos una pequeña vecindad, por eso queremos seguir juntos", relata Lupe Roxana, muy agradecida con los muchos vecinos que les traen alimentos y les muestran su apoyo; "todo lo contrario al trato recibido por el ayuntamiento", añade entre dolida y enfadada subrayando que la mañana del desalojo acudió a la nave mucha policía, pero nadie de los servicios sociales del consistorio. "Peor que si fuéramos delincuentes", lamenta.

El concejal de bienestar social del Ayuntamiento de L'Hospitalet, Jesús Husillos Gutiérrez, insiste en que el desalojo lo determinó un juez "tras varios incidentes e incendios". "Durante el último incendio en octubre los servicios sociales se personaron en la nave y solo una persona quiso vincularse a ellos", se defiende el edil, quien admite que durante el desahucio no hubo presencia de los servicios sociales municipales, pero que acudieron al lugar por la tarde, "y la comitiva judicial les entregó a los desalojados por escrito las direcciones a las que acudir".

"Los servicios sociales no podemos ofrecer una solución habitacional estable, pero a todos se les ha ofrecido plaza en el centro residencial de estancia limitada Els Alps que no han aceptado", concluye el responsable político de los servicios sociales de L'Hospitalet, quien reitera que no pueden ofrecer una solución colectiva y que si estas personas no acuden a los servicios sociales para que se estudie caso por caso "no pueden hacer nada".

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