DERECHO A LA VIVIENDA

Barcelona advierte que el plan antidesahucios de la Generalitat no funciona

  • Solo 17 de los 400 casos trabajados por la oficina antidesahucios de la capital catalana entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre han podido cerrar acuerdos con la propiedad para acogerse al plan Reallotgem 2, que prevé pagar el alquiler a familias vulnerables con una orden de desahucio inminente.

Celebración vecinal tras la paralización de un desahucio, este septiembre en el Gòtic.

Celebración vecinal tras la paralización de un desahucio, este septiembre en el Gòtic. / JORDI OTIX (EPC)

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Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en movimientos sociales y vecinales

Escribe desde Barcelona

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El anuncio lo hizo la 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera, a finales del mes de julio. La Generalitat ponía sobre la mesa 20 millones de euros para pagar de forma temporal los alquileres a familias vulnerables con orden de desahucio marcada en los próximos 30 días y con un informe favorable de la mesa de emergencia. Esta era la medida más relevante de la ampliación del programa autonómico Reallotgem impulsado por la 'conselleria' para afrontar la emergencia habitacional. Tres meses después del anuncio de la nueva medida, desde la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona señalan que esta no funciona y que la inmensa mayoría de casos quedan fuera, y aportan datos. Según los números del consistorio, de los 400 desahucios de los que han tenido conocimiento la oficina barcelonesa antidesahucios entre el 13 de septiembre y el 3 de noviembre solo 68 pasaron todos los filtros para acogerse al plan, de los que solo finalmente solo han logrado 17 acuerdos.

La concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, considera que el principal error del programa es que está diseñado desde la distancia y ha pedido por carta este lunes al secretario de vivienda de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, que lo modifique para "hacerlo útil". A ojos de Martín, el primer gran obstáculo está siendo que los grandes propietarios, que suponen el 50% de los desahucios en la ciudad, no están queriendo firmar el acuerdo marco, que les obligaría a ofrecer a las familias vulnerables contratos de alquiler de 7 años. "Es imprescindible que la ley se está tramitando en el Parlament obligue a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables si queremos que estos se corresponsabilicen en la solución de la emergencia habitacional", subraya la concejala.

Protesta de las PAH catalanas para defender la ley del Parlament contra los desahucios. 

/ ELISENDA PONS

En la misma línea se pronuncia Lucía Delgado, portavoz de la PAH, entidad a la que nunca convenció esta medida. “No nos gusta. Significa transferir dinero de todos a los que desahucian, porque solo puedes acceder a ella una vez ya tienes la fecha de desahucio", subraya la activista. Es por ese motivo que, en la línea de lo que plantea Martín, Delgado insiste en la necesidad de obligar a hacer esos alquileres sociales sin ninguna compensación en la futura ley, ahora enmendada por JxCat. "Ese es el espíritu de la 24/2015, el de la función social de la vivienda por encima del derecho a la propiedad privada. Desde las PAHs catalanas estamos enfadadas y perplejas. JxCat registró un texto en el Parlament que se hacía suyo y que permitiría firmar más de 4.000 contratos de alquiler social y ahora han enmendado su propio texto poniendo sobre la mesa compensar a los grandes propietarios que desahucian, rompiendo la esencia de la ley. En vez de obligar a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales plantean pagarles, en la misma lógica del Reallotgem 2, que además no está funcionando. Ese dinero tendría que ir a los pequeños propietarios de verdad", prosigue la portavoz de la PAH, quien recuerda que pactaron con el anterior 'conseller' que la primera ley que aprobaría el nuevo Parlament sería la antidesahucios. "Quieren hacer a golpe de talonario lo que no han hecho durante años con políticas", zanja Delgado. 

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Más allá de la no obligatoriedad de los grandes propietarios a aceptar el dinero puesto en la mesa por la Generalitat, la concejala Martín apunta otro problema: la obligación de tener una orden de desahucio para los próximos 30 días para entrar, hecho que ha dejado fuera los casos que se han acogido a la moratoria estatal. "Es necesario facilitar la entrada en el programa Reallotgem 2 ante los primeros impagos, especialmente cuando se trata de pequeños propietarios, poniendo así en marcha la mediación preventiva, y llegando a un acuerdo antes de que se inicie el proceso judicial o antes de que haya fecha para el desahucio, siempre que se trate de familias en situación de vulnerabilidad", concluye Martín.

Este diario ha solicitado a la Agència Catalana de l'Habitatge datos sobre el total de contratos cerrados en el marco de la ampliación del programa Reallotgem, pero por el momento no le han sido facilitados.