La PAH prevé un tsunami de desahucios "si nada cambia"

En enero de este 2021, tras casi un año durísimo de pandemia, el Tribunal Constitucional (TC) anulaba el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por el Govern que obligaba a bancos, fondos de inversión y grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables antes de desahuciarlas. Suspensión que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calculaba que afectaba a unos 3.000 hogares de familias empobrecidas en Catalunya, pendientes de firmar un alquiler social al que según esta ley tenían derecho. Familias, además, muchas de las cuales ya fueron desahuciadas durante la crisis hipotecaria del 2008 y que ahora el coronavirus ha vuelto a poner en jaque.

En ese contexto, y con una moratoria estatal antidesahucios durante la pandemia que, aunque con muchas lagunas, ha servido para dar algo de aire, la PAH presionó para que el nuevo Govern encabezado por Pere Aragonés se marcara como prioridad restablecer dicho decreto. "Nosotros nos fuimos de vacaciones con los deberes hechos y tenemos el compromiso del Govern de que la nueva ley estará aprobada a finales de octubre. Estaremos encima no solo para que sea así, sino para que, una vez aprobada, hagan que se aplique", señala Lucía Delgado, portavoz de PAH de Barcelona, convencida de que la actual moratoria estatal -prolongada hasta el 31 de octubre por la presión del movimiento- octubre no es una solución sino un "aplazamiento del drama".

La cara B de los desahucios: (mal)vivir en una pensión

"Logramos que en junio se registrara la proposición de ley y volveremos en septiembre con las comparecencias y la tramitación", prosigue Delgado, quien subraya que si algo han aprendido es que tan importante como que se aprueben las leyes es "apretar para que se apliquen y se expriman al máximo".

"Más de un año sin ninguna medida estructural"

El gran miedo es qué pasará en otoño, cuando termine la moratoria, muy conscientes de que los desahucios no ejecutados durante estos meses siguen ahí y que, además, se van acumulando los nuevos. "Si nada cambia", prevén "un tsunami de 26.000 desahucios sin ninguna alterativa" entre otoño y el primer trimestre del 2022. Además de recordar a las muchas familias que han quedado fuera de la moratoria y han seguido siendo desahuciadas, el portavoz de Resistim al Gòtic Martí Cusó insiste en que llevan más de un año acumulando casos que se sabe que explotaran el día que termine la moratoria "sin que hayan realizado ninguna medida estructural, sin Ley Vivienda y sin la inversión necesaria en vivienda pública", resume.

En cuanto a la nonata ley estatal, Delgado explica que este verano, lejos de descansar, han están redactando una propuesta. "Una iniciativa para una ley que garantice el derecho a la vivienda. La registraremos en septiembre. Nosotros, sí", avanza la portavoz de la PAH afeando a Pedro Sánchez que haya incumplido su promesa de impulsarla, uno de los puntos del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. "Tendremos que batallar para que el partido socialista decida si se pone al lado de VOX y del PP o de las personas", concluye Delgado, quien, como Cusó, no insiste en no olvidar que "las actuales políticas de vivienda ya han dejado a demasiada gente atrás".

"Muchos pasos por dar"

Desde el Sindicat de Llogateres, también se marcharon de vacaciones con los deberes hechos. El 28 de julio se reunieron con Pere Aragonès, quien se comprometió a defender la regulación catalana de alquileres -el otro gran campo de batalla- ante el ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde el Sindicat de Llogateres, ven con mucha preocupación que esta ley catalana también pueda ser tumbada por el TC a partir de los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos y valoran el compromiso público mostrado por 'president', pero le recuerdan que tiene "muchos pasos por dar hacer cumplir los acuerdos de gobierno -LAU, vivienda pública y recuperación de las viviendas desviadas al turismo- y evitar así una ola de violencia inmobiliaria del próximo otoño".

El fundado miedo a que la cada vez más cercana llegada del otoño y el fin de la moratoria estatal hagan estallar una crisis de desahucios sin precedentes, no lo tienen solo las miles de familias afectadas, las que los sufrirán en primera persona, y los movimientos sociales. En la misma línea se expresaba también a finales de julio la 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera, cuando anunciaba que la Generalitat pagará el alquiler de las familias "con vulnerabilidad social acreditada" que estén a punto de ser desahuciadas por impago de alquiler.

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