El Port de Barcelona recuperará 30 millones del fraude de las piedras imaginarias

La Autoridad Portuaria de Barcelona recuperará los 30 millones de euros de la estafa a través de la falsificación de facturas por unas piedras inexistentes para la ampliación del dique Este. El dinero será devuelto por la unión temporal de empresas (UTE) compuestas por una serie de grandes constructoras, según ha comunicado la autoridad portuaria en un comunicado. Ocho directivos y técnicos de esta compañía y de otra que supervisó las obras han admitido su participación en el fraude y han sido condenados a penas de dos años de prisión, aunque no ingresarán en la cárcel si no delinquen de nuevo en dos años y realizan un curso sobre ética y moral, tal como avanzó este martes EL PERIÓDICO. A un noveno imputado se le ha añadido haber defraudado a Hacienda y se le impuesto un año y nueve meses de privación de libertad, pero tampoco entrará en un centro penitenciario.

Con esta sentencia, según la autoridad portuaria, se da por finalizado el proceso iniciado por el Port en julio del 2010, cuando el consejo de administración de esta entidad acordó iniciar una reclamación a la UTE por las diferencias entre la liquidación de la obra de ampliación del dique Este y la realmente ejecutada y demandar a todas las personas que intervinieron en la construcción de la instalación. El Port considera que esta sentencia de conformidad, fruto de un pacto de las fiscalía y acusaciones, entre ellas el Port, con las defensa de los imputados, supone que se han visto estimadas sus pretensiones y se "ha producido un reconocimiento del daño sufrido y su consecuente resarcimiento".

865.000 toneladas de piedra

La sentencia recoge que en septiembre del 2001 la Autoridad Portuaria adjudicó a una UTE, formada por FCC Construcción, Ferrovial, Construcciones Rubau y Copisa, la ampliación del dique Este por 165 millones de euros. Posteriormente, en el 2013, se modificó el proyecto, elevando hasta los 197 millones el coste de la obra. En las declaraciones de IVA presentada ante Hacienda, según el fallo, se “aumentó falazmente” las cuotas con facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedras que no existieron nunca y “no se correspondía con operaciones reales”.

A pesar de ello, este material fue incluido en las certificaciones emitidas por la UTE al Puerto de Barcelona por un importe de 9 millones, más el margen industrial y gastos generales, por lo que la facturación por las “piedras inexistentes” se elevó a 11 millones de euros, subrayan los jueces. Por otro lado, para la construcción del dique era preciso instalar dos plataformas. Dichas instalaciones se construyeron sobre escombros y no sobre escollera (piedra de cantera), cuyo precio es inferior. Las constructoras cobraron una cosa por la otra y percibieron casi 18 millones de euros.