Curso de ética para nueve condenados por un fraude millonario en el Port

Nueve directivos y técnicos de obra de dos uniones temporales de empresa (UTE) han admitido su participación en una estafa millonaria en el Port de Barcelona a través de la falsificación de facturas por unas piedras inexistentes para la ampliación del dique Este. Ocho han sido condenados en una sentencia de conformidad a dos años de prisión y un noveno, a un año y nueve meses de cárcel por lo mismo y por estafar a Hacienda. Todo ello después de un pacto con la fiscalía y el resto de acusaciones. La Audiencia de Barcelona ha suspendido el ingreso en un centro penitenciario de los acusados bajo la condición de que no delincan durante dos años y que realicen un curso sobre ética y moral en el servicio de la función pública durante seis meses.

La fiscalía solicitaba en su escrito de acusación inicial del 2016 de siete a 10 años de cárcel. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, condena por falsedad en documento mercantil en concurso con uno de estafa y a uno de los imputados se le añade el fraude a Hacienda, pero a una pena inferior a la que se reclamaba. El tribunal de la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona aplica, en base al acuerdo con la fiscalía, la Agencia Tributaria y la Autoridad Portuaria de Barcelona, la atenuante de confesión y el caso del impago a la Agencia Tributaria el pago de la deuda

La sentencia recoge que en septiembre del 2001 la Autoridad Portuaria adjudicó a una UTE, formada por FCC Construcción, Ferrovial, Construcciones Rubau y Copisa, la ampliación del dique Este por 165 millones de euros. Posteriormente, en el 2013, se modificó el proyecto, elevando hasta los 197 millones el coste de la obra. En las declaraciones de IVA presentada ante Hacienda, según el fallo, se “aumentó falazmente” las cuotas con facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedras que no existieron nunca y “no se correspondía con operaciones reales”.

Las trampas durante la obra

A pesar de ello, este material fue incluido en las certificaciones emitidas por la UTE al Puerto de Barcelona por un importe de 9 millones, más el margen industrial y gastos generales, por lo que la facturación por las “piedras inexistentes” se elevó a 11 millones de euros, subrayan los jueces. Por otro lado, para la construcción del dique era preciso instalar dos plataformas. Dichas instalaciones se construyeron sobre escombros y no sobre escollera (piedra de cantera), cuyo precio es inferior. Las constructoras cobraron una cosa por la otra y percibieron casi 18 millones de euros.

La Audiencia condena también a miembros de otra UTE que fue contratada para el control “cuantitativo y cualitativo” de la escollera. Los jueces destacan que es “significativo” que el único material que no fue objeto de control eran las piedras teóricamente suministradas por un proveedor y que nunca existieron. Detallan, así, que no consta ni hora de entrada de camión, ni pesaje, ni matrículas, ni datos que permitiera identificar al transportista. Además, se ha comprobado que las matrículas que si se hacían figurar eran falsas, al igual que los albaranes de entrega del material.

Suscríbete para seguir leyendo