PRESUNTA ESTAFA EN EL DIQUE EST

Pacto a la vista por un fraude en el Port con piedras imaginarias

Las constructoras deberán devolver los 29 millones que cobraron de más a la Autoridad Portuaria por la compra de toneladas de bloques no utilizados

Un escollo burocrático retrasa la firma del acuerdo que beneficia a los nueve imputados en el caso, ya que no deberían ingresar en un centro penitenciario

El dique Est del puerto de Barcelona, en una foto de archivo.

El dique Est del puerto de Barcelona, en una foto de archivo. / DANNY CAMINAL

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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La fiscalía, la acusación y las defensas están ultimando un pacto que comportaría penas de menos de dos años de prisión para nueve altos cargos y técnicos de dos uniones temporales de empresa (UTE) por un presunto fraude de unos 29 millones de euros cometidos en las obras de prolongación del dique Est del Port de Barcelona. Si el acuerdo llega a buen puerto se evitará un macrojuicio. En el borrador del nuevo escrito de acusación, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, se establece que las constructoras implicadas deberán abonar esta cantidad a la autoridad portuaria, en calidad de entidad perjudicada. A los investigados se les imputa presuntamente haber falseado facturas por unas piedras que no se llegaron a usar y por el cobro de otras rocas para construir una instalación cuando, en realidad, se utilizaron como escombros.

El acuerdo está prácticamente cerrado. Solo falta por dilucidar un escollo burocrático. En concreto, si es el Port de Barcelona, el Ministerio de Fomento o el mismo Gobierno de Pedro Sánchez el que debe rubricar el acuerdo con el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado y la acusación, ejercida por la Autoridad Portuaria. Ante este dilema, el caso ha llegado al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Ejecutivo español, para que dilucide esta cuestión. Si al final este órgano concluye que debe ser el Gobierno, el tema debería ir al Consejo de Ministros.

En su calificación provisional, que se remonta al 2016, la fiscalía acusa a los nueve encausados de falsedad documental, en relación con un delito de estafa, por lo que les reclama siete años de cárcel. A un jefe de departamento le añade dos delitos de fraude a Hacienda y pide para él un total de 10 años de prisión. Si el pacto se consolida, esas penas se rebajarían y los imputados no deberán ingresar en un centro penitenciario (como máximo dos años de cárcel).

La prolongación de un dique

La Autoridad Portuaria adjudicó en septiembre del 2001 la obra de prolongación del dique a una UTE Dique Est, formada por importantes constructoras, por un importe de 165 millones de euros, con la financiación de 83 millones del fondo de cohesión de la Unión Europea. Posteriormente, en el 2013, se amplió esa cantidad hasta los 197 millones de euros.

La fiscalía sostiene que se falsificaron facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedras a una empresa que “no se correspondían con operaciones reales”, ya que estas rocas nunca existieron, ni se utilizaron. A pesar de ello, este material fue incluido en las certificaciones emitidas por la UTE al Puerto de Barcelona por un importe de nueve millones, más el margen industrial y gastos generales, por lo que la facturación por las “piedras inexistentes” se elevó a 11 millones de euros.

Sin identificación del transportista

Según la acusación, no consta ni hora de entrada de camión, ni pesaje, ni matrículas, ni cualquier otro dato que permitiera la identificación del transportista. Los investigadores comprobaron que las matrículas que si se hacían figurar eran falsas, al igual que los albaranes que acreditaban la supuesta entrega del material.

Para la construcción del dique, además, era preciso realizar instalaciones auxiliares (dos plataformas) para la ejecución del material de las obras. Estos equipamientos se construyeron sobre escombros, cuyo precio es inferior, y no sobre escollera (piedra de cantera). Sin embargo, la UTE cobró una cosa por la otra y percibió casi 18 millones de euros.

El fiscal también incluye en su escrito de acusación a miembros de otra UTE que fue contratada para el control “cuantitativo y cualitativo” de la escollera. Señala que es “significativo” que el único material que no fue objeto de control en la entrada de la obra eran las piedras teóricamente suministradas por un proveedor y que nunca existieron. La investigación judicial se inició en el 2010 y fue detectado por la Agencia Tributaria al escrutar las cuentas de una empresa subcontratada por la UTE. El Tribunal de Cuentas también llegó a abrir un expediente.

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El dique Est es una parte de las gigantescas obras de ampliación del puerto de la capital catalana que se iniciaron con el desvío del río Llobregat. Para proteger los muelles se hicieron 6,8 kilómetros de diques: los 2,1 del Est y los 4,7 del Sud. Si estos dos muros, de los que emerge una pequeña parte, se colocaran en línea recta unirían el Tibidabo y la estatura de Colón con una altura de siete pisos. En el dique Est están operando diversas terminales.