Archivada una denuncia de Ciutadans contra Colau por fragmentar contratos

El gobierno de Ada Colau ha ganado una batalla, o ha visto cómo sus oponentes la perdían, en un frente en el que hace meses que vive hostilidades más que destacables: el de la gestión de los recursos públicos en ayudas y adjudicación de contratos del ayuntamiento. Un frente en el que el consistorio ha sido objeto de críticas y de denuncias presentadas por varios actores.

En octubre pasado, uno de los grupos municipales del plenario, Ciutadans, denunció ante el Tribunal de Cuentas que el consistorio había fragmentado contratos para, en unos casos, evitar concursos que permitan que varios aspirantes opten a un encargo y, en otros, encubrir labores de larga distancia a un mismo destinatario troceándolas. Según un auto al que ha tenido acceso este diario, el Tribunal de Cuentas archiva la denuncia por no personarse en el caso la denunciante y presidenta del grupo, Mari Luz Guilarte, y afirma que el fiscal no aprecia responsabilidad contable en las actuaciones señaladas.

El grupo que preside Mari Luz Guilarte denunció en concreto que el gobierno de Colau había formalizado entre 2017 y 2019 279 contratos por un importe apenas unos céntimos por debajo de los límites que obligan a abrir un concurso público. Esos 279 contratos suman un coste total de 5,6 millones. El concurso es obligatorio a partir de 18.000 euros más IVA (21.780 euros) en los casos que atañen a servicios y suministros y de 50.000 euros más IVA (60.500 euros) en el caso de las obras.

La no personación

Según el auto del organismo, emitido en febrero, una vez Guilarte denunció las contrataciones, se la requirió para que “en caso de desease entablar la acción pública de exigencia de responsabilidad contable compareciera confiriendo su representación a un procurador o abogado y presentase escrito en que se individualicen los supuestos de responsabilidad contable”. El texto añade que se instó a la concejala a hacer “referencia específica a cuentas determinadas”, a precisar los detalles del asunto. También se la advirtió de que en caso de que “se inadmitiere la acción pública que instase, le podrían ser impuestas las costas”.

Según el auto, Guilarte replicó que no quería personarse, sino colaborar con el Tribunal de Cuentas, “y en especial con su fiscalía”, en la posible investigación. En diciembre pasado, la fiscalía abogó por el archivo del asunto. El texto concluye que ante el hecho de que Guilarte rechazara personarse “procede inadmitir y archivar las actuaciones”, y subraya que el Ministerio Fiscal considera que las irregularidades denunciadas “no constituyen un perjuicio concreto para los fondos públicos” y que “no se desprenden indicios de responsabilidad contable".

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