Denuncia contra Colau por subvenciones a entidades afines

La asociación de Abogados Catalanes por la Constitución ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como contra otros cinco miembros y exaltos cargos del Ayuntamiento de la capital catalana, por subvenciones que alcanzan los 3,4 millones de euros otorgadas a varias entidades afines. Según la denuncia, la edil y el resto de denunciados "han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos" públicos con los beneficiados.

Entre esta asociaciones figuran Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF). La demanda ha sido interpuesta por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Fuentes del ministerio público han admitido que han recibido la denuncia, pero señalan que está en trámite de registro y que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre si se abre una investigación.

Los Abogados Catalanes por la Constitución señalan en un comunicado que estos lazos de los denunciados con estas entidades han supuesto la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido subvenciones por valor de 3.433.621 euros. De esta cantidad, corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. La última subvención, por un importe de 324.600 euros, fue concedida en enero de este año de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal, según el colectivo de abogados. El motivo: "evitar los controles propios de una licitación abierta". En su opinión, estas partidas se han otorgado para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece "manifiestamente" de competencias.

Reparos del interventor

La denuncia detalla que la concesión de las subvenciones fue cuestionada por el interventor municipal porque, al entender de este grupo de abogados, se tramitaron mediante procedimientos de excepcionalidad, a pesar de su habitualidad. Legalmente para poder optar por este cauce de concesión debe acreditarse la dificultad de convocatoria pública o el que existan razones excepcionales de interés público, social, económico o humanitario que desaconsejen este sistema. Para el colectivo de abogados es necesario investigar los fines de esas subvenciones y si es la simple contratación de personal. Fuentes municipales defienden que algunas de estas subvenciones ya se daban en la época de CiU en el Ayuntamiento, y mostraron su confianza en que se archive la denuncia.

Para Manuel Miró, portavoz de la asociación de abogados, "es destacable que Ada Colau trabajó para DESC como coordinadora en materia de vivienda desde 2007 hasta semanas antes de llegar a la alcaldía, al igual que colaboró el ex-teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, que fue vicepresidente del Observatorio durante siete años, y que dejó su cargo en DESC meses antes de llegar a la alcaldía; la ex concejal Gala Pin, empleada por DESC y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en los años anteriores a su llegada al Ayuntamiento, y Vanesa Valiño, asesora municipal de Vivienda y pareja sentimental del diputado Gerardo Pisarello”.